El caso del programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group ha sido noticia en todo el mundo durante la última semana. Los teléfonos inteligentes de cientos de estadistas, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos han sido infiltrados por estados autoritarios.
¿Es posible que el Grupo NSO actúe con independencia del gobierno israelí? Hasta ahora, sólo el Washington Post y The Guardian han investigado realmente el asunto. Fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses y europeos dijeron al Post que el NSO Group proporciona al gobierno israelí información sobre sus clientes e inteligencia sobre personas seleccionadas. No es de extrañar que los fundadores de NSO sean todos ex alumnos de la Unidad 8200, la unidad de espionaje electrónico de élite de Israel. ¿Quién podría creer que ya no tienen ninguna relación con sus antiguos colegas y superiores? La información que recoge el software Pegasus es la misma que recogen las agencias de inteligencia de todo el mundo sobre sus objetivos.
Además, el gobierno israelí conoce a los clientes de NSO, ya que concede las licencias de exportación necesarias para sus productos. Israel permitió al Grupo NSO vender Pegasus a los saudíes. Un acuerdo de al menos 55 millones de dólares. Aunque, hasta hace poco, Israel y Arabia Saudí eran enemigos.
Según The Guardian, NSO Group prohibió a Arabia Saudí utilizar Pegasus tras el asesinato del columnista Jamal Khashoggi en 2018. Pero los saudíes pudieron reanudar la vigilancia electrónica de sus adversarios después de que el gobierno israelí ordenara a NSO que siguiera proporcionando el software. Como resultado, la inteligencia saudí pudo hackear a decenas de periodistas de Al Jazeera, la cadena de noticias de la televisión mundial de Qatar, que no es popular en Riad.
Además de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, Kazajistán, Ruanda y los Emiratos Árabes Unidos han sido autorizados por Israel a utilizar Pegasus. Todos los países con gobiernos que respetan escrupulosamente la libertad de prensa y los derechos humanos…
Los expertos en inteligencia creen que la relación entre las empresas privadas israelíes de tecnología digital -como NSO Group- y los servicios de seguridad del país es tan estrecha como la que existe entre Rusia y China y sus homólogos.
¿Y los americanos? El ex diplomático francés Gérard Araud cree que Pegasus actúa como puerta trasera para que tanto el Mossad como la CIA obtengan información robada. El ex embajador de Francia en Washington trabajó brevemente como consultor de NSO Group en 2019. Afirma que tres estadounidenses vinculados a la CIA formaban parte del consejo consultivo del grupo en aquel momento y se negaron a permitir que Pegasus se utilizara para atacar números de teléfono estadounidenses.
Pero tranquilos, ante el tsunami de protestas, el gobierno israelí ha creado un comité ministerial de alto nivel, que incluye representantes del Mossad, para investigar el asunto Pegasus. ¡Qué farsa!
Una fuente de Reuters duda de que se vayan a imponer realmente restricciones a las exportaciones de Pegasus: « El objetivo es averiguar lo que ha ocurrido, estudiar el asunto y sacar conclusiones. La misión de la comisión será encontrar los fallos de seguridad del software que permitieron descubrir la operación y poner parches para evitar que se vuelva a producir.
¿Es posible todavía detener la proliferación de programas espía imparables como Pegasus? Lo dudo. Hace falta una gran dosis de ingenuidad para pensar que se impondrá una moratoria mundial sobre el comercio de programas espía y, sobre todo, que se respetará. Nos dirigimos hacia un mundo en el que ningún sistema digital en línea estará a salvo de los piratas informáticos, estatales o privados.
El despliegue generalizado de programas espía como Pegasus permitirá a los actores maliciosos (estados totalitarios, grupos terroristas, organizaciones criminales, etc.) explotar las vulnerabilidades del software para causar daños catastróficos en infraestructuras estratégicas, exigir el pago de rescates o cometer otros delitos económicos. Además de violar la intimidad de las personas seleccionadas.
La única defensa es la vigilancia de los medios de comunicación y de las organizaciones independientes de investigación en ciberseguridad, como Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Le Journal de Montréal, 24/07/2021
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