Más allá de la imagen del modelo de reforma: La política de cooptación de las élites en Marruecos (I)

Desde su llegada al poder en 1999, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha consolidado su gobierno reforzando la estrategia de cooptación y rotación de élites de su padre. Sin embargo, tras dos décadas de depredación económica, la disminución gradual de los canales de distribución de rentas y la falta de una verdadera democratización, la estrategia de consolidación del poder del rey podría estar agotándose.

El gobierno de Mohamed VI ha coincidido con la adopción de reformas neoliberales a gran escala, que han creado nuevas oportunidades de cooptación económica y han reforzado la alianza de la monarquía con las élites económicas y políticas locales. Sin embargo, este giro neoliberal ha tenido importantes costes para los grupos de bajos ingresos.

Los últimos 20 años se han caracterizado por un aumento de la obediencia de la élite local y el debilitamiento de los canales formales de participación política. El rey también ha podido atribuirse el mérito de las políticas exitosas y, al mismo tiempo, culpar a la administración o a los funcionarios electos de las fallidas, contribuyendo a la desinstitucionalización de la política del país.

El aumento de la desigualdad y una cultura establecida de desprecio hacia los « perdedores » de las políticas de liberalización y privatización hacen que los descontentos con el régimen recurran cada vez más a mecanismos de supervivencia que tienen un impacto directo en la seguridad europea (por ejemplo, el tráfico de drogas y de personas, el terrorismo internacional y la contestación política violenta).

Un Marruecos estable y próspero es vital para la seguridad de Europa. Sin embargo, el crecimiento económico inclusivo y sostenible sólo es posible si una auténtica reforma democrática permite la aplicación efectiva del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de sólidos canales de participación democrática a través de los cuales se puedan abordar las quejas populares.

Al igual que otros regímenes autoritarios, el palacio marroquí es consciente desde hace tiempo de que la oposición de las élites, y no la de las masas, representa el peligro político más grave. Por ello, los tres reyes marroquíes que han gobernado el país desde la independencia en 1956 han utilizado dos instrumentos principales para adelantarse a la movilización: las concesiones políticas cuidadosamente programadas, por un lado, y la cooptación activa de los posibles aspirantes, por otro. Aunque las concesiones políticas han sido a menudo simbólicas y nunca han debilitado de forma significativa las prerrogativas del rey, el palacio marroquí ha sido capaz de crear una relación de dependencia con la mayor parte de la élite económica, política y cultural del país, que ha intercambiado su lealtad por un acceso privilegiado a los canales de distribución de la renta del Estado.

Mientras que la lógica de la cooptación económica fue una característica constante de la política marroquí bajo Mohamed V (que recompensó a las élites rurales leales con el acceso a los canales de renta del Estado a cambio de su apoyo durante su lucha con los nacionalistas) y, posteriormente, de Hassan II (que utilizó la misma estrategia para recompensar a los partidos de izquierda leales que apoyaron su marginación de los movimientos islámicos), el rey Mohamed VI se beneficia actualmente de un contexto económico internacional distintivo que le ha permitido ampliar la estrategia de cooptación económica de la monarquía hasta niveles sin precedentes.

Mientras que Mohamed V y Hassan II dispensaban rentas a través de canales relativamente limitados (normalmente en forma de licencias de transporte, pesca o minería), Mohamed VI ha supervisado reformas neoliberales a gran escala desde 1999 -que han creado nuevas oportunidades de cooptación económica- y han reforzado la alianza de la monarquía con las élites económicas y políticas locales. Como señalan Guazzone y Pioppi (2009: 6) y Boukhars (2011: 53), la adopción de políticas neoliberales en forma de privatización, liberalización y desregulación administrativa, y la concomitante retirada del Estado del suministro de bienes públicos, cumplió una doble función. Por un lado, liberó a las autoridades de la carga financiera que suponían las antiguas responsabilidades del Estado. Por otro lado, aumentó la capacidad de resistencia del Estado al ayudar a producir una nueva generación de élites empresariales que dependían del Estado para la regulación, el arbitraje y el acceso a las oportunidades económicas. Aunque el rey y sus allegados fueron los principales beneficiarios del giro neoliberal de los años 90 y la primera década del siglo XXI, los partidarios tradicionales del palacio, las familias leales y la mayoría de los miembros de la oposición histórica del país también fueron testigos de una importante mejora de su situación económica.

Para Amal, un académico marroquí, « gran parte de la élite económica mantiene una relación de beneficio mutuo con el palacio, que participa en una serie de actividades económicas lucrativas » (Amal, entrevista personal, 18 de mayo de 2017). Esta élite sabe que su mera proximidad al rey se traducirá en beneficios económicos añadidos, aunque una minoría también está descontenta con lo que parece ser una competencia desleal por parte de la monarquía en determinadas actividades empresariales como la banca o las energías renovables. Para Amal, la proximidad a palacio es tan gratificante económicamente que « hoy en día, no es el régimen el que busca cooptar a la gente, sino que es la gente la que intenta ser cooptada » (Amal, entrevista personal, 18 de mayo de 2017). Del mismo modo, para Fouad Abdelmoumni, director de Transparencia Marruecos, la élite económica del país es « una creación directa del palacio » (entrevista con F. Abdelmoumni, Rabat, 22 de mayo de 2017).

Según Ghassan Wael, un joven periodista marroqu

í, el « principal mecanismo de cooptación y, por tanto, de resistencia política en el país es la utilización de las políticas públicas para promover grandes proyectos públicos, como los proyectos de electrificación en el sector rural, el desarrollo inmobiliario o la industria del automóvil, que se benefician de un fuerte apoyo estatal » (entrevista con G. El Karmouni, Rabat, 18 de mayo de 2017) y cuyos beneficios son canalizados por el palacio y sus asociados. Bajo el mandato de Mohamed VI, el sector inmobiliario y la remodelación urbana -especialmente en las grandes ciudades de Casablanca, Rabat y Tánger- se han convertido en importantes vías para las redes clientelares cultivadas por el rey y sus asociados. En particular, la privatización de las tierras de propiedad comunal desencadenó un proceso de acumulación de capital sin precedentes para los clientes del régimen. Otros mecanismos de cooptación económica incluyen la privatización de empresas estatales que posteriormente fueron adquiridas por algunos de los asociados del régimen. El giro neoliberal fue tan amplio que, para 2008, 90 de las mayores empresas públicas del país estaban parcial o totalmente privatizadas, y las más rentables lo fueron antes de 2005 (Maggi 2016: 103).

La duplicidad burocrática entre la administración y los actores privados es un mecanismo complementario de ganar-ganar a través del cual los recursos del Estado se movilizan para proteger a determinadas empresas comerciales generalmente etiquetadas como « campeones nacionales » a través de excepciones y/o privilegios fiscales y administrativos. Estos llamados campeones nacionales son uno de los numerosos canales a través de los cuales se consolida la alianza entre el palacio y parte de la élite económica del país. Un ejemplo de ello es el proyecto del Plan Vert, un ambicioso proyecto agrícola diseñado oficialmente para revitalizar el sector agrícola del país. En realidad, algunas de las mejores tierras rurales del país se pusieron a disposición de actores privados (la mayoría cercanos al régimen) por debajo del precio de mercado, que se benefician de las generosas políticas fiscales agrícolas del gobierno sin estar sujetos a ninguna forma de supervisión pública. Las asociaciones público-privadas en actividades recientemente privatizadas, como la recogida de basuras o el suministro de electricidad, también se están utilizando para reforzar a los compinches locales a los que se les han concedido los contratos más lucrativos en condiciones turbias, cuando no abiertamente ilegales. A menudo se ha permitido que las empresas propiedad de estos asociados operen sin ninguna supervisión, todo ello a expensas de los usuarios, que se vieron obligados a pagar más sin ninguna mejora significativa en la calidad de los servicios prestados.

La relación simbiótica entre las élites económicas y las autoridades también se deriva de la profunda dependencia de las primeras respecto de las segundas y de la relativa vulnerabilidad de los grandes grupos industriales marroquíes a la globalización. A pesar de beneficiarse de las políticas de liberalización del país y de apoyar a menudo públicamente las políticas liberales, muchas de las élites empresariales marroquíes no son capaces de sobrevivir sin las políticas proteccionistas y reguladoras del Estado (Benhaddou 2009: 112-115). En el sector del gas, por ejemplo, los precios se han liberalizado sin un control estatal concomitante, lo que ha dado lugar a que todo el sector esté gestionado por sólo 15 actores, uno de los cuales, Aziz Akhannouch, controla aproximadamente el 30 por ciento del mercado y es también el ministro de Agricultura, el jefe del Rassemblement National des Indépendants (RNI, un partido político leal) y un amigo personal del rey (entrevista con G. Wael, Rabat, 18 de mayo de 2017). Un estudio de las 344 mayores empresas marroquíes realizado por Oubenal y Zeroual en 2017 muestra que, después del rey y su familia, los segundos mayores beneficiarios de las políticas de privatización y liberalización aplicadas en el país en las últimas tres décadas fueron 150 familias cercanas a la monarquía, las más importantes de las cuales también están representadas en el gobierno, así como los inversores extranjeros (Oubenal y Zeroual 2017: 137, 139, 154-155).

Aunque afectó más a los grupos de menores ingresos, el giro neoliberal también proporcionó acceso a los canales de renta a nuevos grupos de la clase media emergente, cuyo apoyo resultó fundamental durante los tumultuosos primeros meses de las revueltas árabes. A pesar de las importantes consecuencias negativas de las políticas de privatización y desregulación sobre la población en general, los ingresos adicionales permitieron al régimen comprar consti-tuciones clave (sobre todo, sindicatos y grupos clave de la administración pública) durante los primeros meses de las revueltas árabes de 2011. Según un joven ex activista prodemocrático, como resultado, « la mayoría de las acciones iniciadas por los actores locales fracasaron porque no hubo apoyo [de los actores locales] y… no hubo correa de transmisión entre las demandas sociales y la élite del país, que se negó a legitimar las demandas populares » (entrevista con Y. Rguig, Rabat, 20 de mayo de 2017).

Incluso los medios de comunicación del país están profundamente inmersos en esta lógica clientelar. En su análisis de los principales accionistas del sector mediático del país, Benchenna et al. (2017: 10-11) encuentran que, con pocas excepciones, las figuras mediáticas marroquíes son miembros del régimen o de la burguesía local, que se ha beneficiado de la liberalización económica y política de los últimos 20 años. Algunos ejemplos de estos actores son Fahd Yata, hijo de Ali Yata (antiguo líder de la oposición comunista y fundador de una de las principales revistas económicas del país); Moulay Hafid Elalamy, actual ministro de Industria y Comercio; y Aziz Akhannouch, actual ministro de Agricultura, todos ellos propietarios de algunas de las publicaciones más conocidas del país (Benchenna et al. 2017: 10-11). « (P)ara estos empresarios, … invertir en el sector de la prensa tiene como objetivo proteger sus propios intereses comerciales, apoyar un mundo político estable utilizando sus numerosos títulos en apoyo de la comunicación política, y añadir la competencia empresarial como una de las cualidades necesarias para convertirse en un político establecido » (Benchenna et al. 2017: 10).

Otra característica de la estrategia de consolidación del poder de Mohamed VI es su intenso discurso de producción de legitimidad, en el que se posiciona como el único artífice de la mayoría, si no de todos, los logros económicos, sociales y políticos del país. El rey está omnipresente en la cobertura mediática del país y alimenta constantemente la impresión de que es el único actor capaz de implementar reformas políticas o de llevar a cabo proyectos económicos exitosos, al tiempo que culpa a los políticos elegidos y a los administradores locales de cualquier fracaso.

En las dos últimas décadas, por ejemplo, el rey se ha atribuido todo el mérito de (i) reformar el código de la familia y mejorar así los derechos de la mujer en el país, (ii) encabezar un ambicioso comité de equidad y reconciliación, que pasó oficialmente la página de los abusos de los derechos humanos cometidos por su padre, y (iii) poner en marcha un ambicioso proyect

o de reforma constitucional destinado a potenciar las instituciones políticas del país. En el plano económico, el rey ha (a) liderado importantes proyectos de infraestructuras que han contribuido a cuadruplicar la longitud de la red de carreteras del país, (b) eliminado la cuasi-totalidad de los barrios marginales urbanos de Marruecos, y (c) revitalizado los núcleos de las principales ciudades del país. El monarca también ha estado detrás de algunos de los proyectos socioculturales más populares del país, desde festivales de música hasta celebraciones religiosas.

Sin embargo, el esfuerzo del rey por producir legitimidad es un ejercicio de doble voz. Mientras que algunos esfuerzos intentan genuinamente abordar algunos retos domésticos importantes, como la vivienda deficiente o la electrificación rural, su otro propósito es fortalecer la alianza entre el rey y sus compinches mediante una lógica sistemática de transferencia económica. Desde esta perspectiva, las reformas políticas y administrativas llevadas a cabo en los últimos 15 años han tenido pocos efectos positivos más allá de los asociados al régimen; se han dirigido esencialmente a la élite económica y política del país. Aunque han creado la impresión de una reforma democrática, las reformas constitucionales y administrativas se han utilizado en la práctica para despolitizar y burocratizar a los antiguos opositores del rey, recompensándolos con atractivos salarios y estatus públicos (entrevista con G. Wael, Rabat, 18 de mayo de 2017). Este sistema de cooptación intensiva se formaliza en parte a través de numerosas instancias de mediación creadas bajo el impulso real -en particular, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo para los Marroquíes Residentes en el Extranjero (CCME), el Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS), el Órgano Central de Prevención de la Corrupción (ICPC) y el Consejo Superior de Educación. Todos estos consejos y comités están presididos o cuentan con personal de asociados al régimen o antiguos opositores que aceptaron la oferta de integrarse en el sistema y dirigirse a grupos específicos, como los grupos de mujeres, los marroquíes residentes en el extranjero y los notables tribales de la región del Sáhara, todos ellos con un gran potencial de movilización. Aunque estas instituciones rara vez son capaces de implementar cambios prácticos, a pesar del bombo que suele rodear su creación, el proceso de cooptación e integración de las élites que se produce es muy real y contribuye a neutralizar a personalidades ruidosas como Driss Benzekri, un antiguo preso político que fue llamado a presidir la Comisión de Equidad y Reconciliación de 2004. Otro ejemplo es Salah El Ouadie, antiguo preso político y ultraizquierdista que fue portavoz del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), pro-monarquía.

Otra estrategia utilizada por la monarquía es el equilibrio de los diferentes intereses administrativos, económicos y militares entre sí mediante el arbitraje de las élites. Esta práctica cumple una doble función. Por un lado, indica a la población que el monarca está realmente preocupado por la reforma política y económica y atento a las preocupaciones de sus súbditos. Así, el rey ha adoptado la costumbre de reprender regularmente a los administradores y a los cargos electos por su falta de profesionalidad. Mohamed VI también ha acostumbrado al país a los ataques regulares de ira real, durante los cuales castiga a los políticos o administradores considerados incompetentes destituyéndolos y aparentando asumir la responsabilidad personal de la pronta ejecución de determinados proyectos. El palacio también permite que las fundaciones reales, especialmente la Fundación Mohamed V para la Solidaridad y el Fondo Hassan II para la Solidaridad Económica y Social, se beneficien de importantes recursos públicos. Ambas instituciones se financian con fondos públicos, no rinden cuentas al Parlamento y están bajo la autoridad de miembros del entorno del rey o de empresarios del sector privado (Catusse 2009: 78). Aunque los fondos son públicos, todo el prestigio de estas organizaciones repercute en el rey, que no permite que otros aparezcan como competidores potenciales.

Por otra parte, y quizás más importante, el uso selectivo del sistema judicial para dictaminar sobre la corrupción administrativa, el nepotismo y los conflictos de intereses es un mecanismo complementario a través del cual el régimen genera lealtad a la élite mientras da la ilusión de una reforma democrática y judicial. Las campañas anticorrupción aleatorias se dirigen estratégicamente a los actores considerados desleales por el rey y, al mismo tiempo, le permiten reforzar su papel de árbitro último de los intereses políticos y económicos divergentes. Transparencia Internacional clasifica al país en el puesto 90 de 176 (por detrás de Liberia, Zambia y Lesoto, por ejemplo) y los escándalos regulares ilustran la prevalencia de la corrupción en todos los niveles de la sociedad, pero especialmente en los niveles administrativos superiores dependientes de la monarquía. Entre los ejemplos de connivencia cabe citar la asignación de terrenos públicos por debajo del precio de mercado a los asociados del régimen y la aceptación de flagrantes conflictos de intereses en todos los niveles de la empresa y la administración. Para Fouad Abdelmoumni, economista marroquí y secretario general del capítulo marroquí de Transparencia Internacional, « la corrupción no es un fenómeno marginal… Se ha optado deliberadamente por fomentar las prácticas delictivas » (entrevista con F. Abdelmoumni, Rabat, 22 de mayo de 2018).