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  • Consejo de Seguridad: Reunión trimestral sobre Colombia

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    Mañana (14 de octubre), el Consejo de Seguridad celebrará una sesión informativa abierta sobre Colombia. El Representante Especial y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, informará sobre los últimos acontecimientos y el último informe de 90 días del Secretario General sobre la misión, que abarca el período comprendido entre el 26 de junio y el 24 de septiembre. Dos representantes de la sociedad civil, un líder juvenil indígena y un activista afrocolombiano, también informarán al Consejo. Colombia estará representada por su vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Está previsto que las consultas a puerta cerrada sigan a la sesión informativa abierta.

    La reunión de mañana tiene lugar antes de varios hitos, entre ellos el quinto aniversario del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de noviembre de 2016 entre el gobierno de Colombia y el antiguo grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Por lo tanto, además de debatir la evolución de la situación durante el periodo de presentación del informe del Secretario General, se espera que los ponentes y los miembros del Consejo hagan un balance de la aplicación del acuerdo de paz en los últimos cinco años. Es posible que señalen que se han realizado importantes avances -incluidos los procesos de justicia transicional estipulados en el acuerdo- y que reflexionen sobre el valor crucial del acuerdo de paz para la sociedad colombiana. Sin embargo, es probable que subrayen que los desafíos siguen complicando la implementación del acuerdo de 2016. Estos incluyen la violencia persistente contra las comunidades (incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas), los ex miembros de las FARC-EP, los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales.

    Los oradores de la reunión de mañana podrían destacar que este es un periodo crucial para Colombia, ya que el país se prepara para las elecciones al Congreso y a la Presidencia que tendrán lugar en marzo y mayo de 2022, respectivamente. (Serán las segundas elecciones desde la firma del acuerdo de paz, ya que las anteriores tuvieron lugar en 2018). En este sentido, Ruiz Massieu y los miembros del Consejo pueden celebrar la promulgación por parte del gobierno de una ley en agosto por la que se crean 16 « distritos electorales especiales de transición para la paz ». El establecimiento de estos distritos electorales se estipuló en el acuerdo de 2016, con el objetivo de promover la participación de las poblaciones históricamente excluidas en las zonas afectadas por el conflicto, incluidos los miembros de las comunidades indígenas y los representantes de las organizaciones de víctimas y de mujeres. De acuerdo con la nueva ley, se abrirán 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Colombia para los periodos congresuales 2022-2026 y 2026-2030 únicamente para miembros de estos grupos: los representantes de los principales partidos políticos no pueden presentarse a estos escaños.

    Es probable que en la reunión de mañana se insista en la necesidad de que las autoridades faciliten la celebración de unas elecciones inclusivas y seguras. Algunos oradores podrían expresar su preocupación por el aumento de las posibilidades de amenazas y ataques contra candidatos y activistas políticos durante el proceso electoral. Podrían señalar que las zonas en las que se han establecido las circunscripciones electorales especiales de transición para la paz experimentan una violencia persistente, que incluye altos índices de asesinatos de líderes sociales y políticos. En este sentido, los oradores podrían subrayar que es muy urgente aplicar las garantías de seguridad estipuladas en el acuerdo de 2016 y consolidar la presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.

    Es probable que los miembros del Consejo estén interesados en escuchar las opiniones de los representantes de la sociedad civil sobre las dificultades a las que se enfrentan sus comunidades. El informe del Secretario General destaca que los territorios indígenas y afrocolombianos caracterizados por la pobreza y la escasa presencia del Estado se ven afectados de forma desproporcionada por la violencia. Señala además que « la implementación de la reforma rural integral y las acciones para fortalecer la presencia integral de las instituciones del Estado marcarían la mayor diferencia en la interrupción de la violencia » en estas zonas.

    Como ha sido el caso en reuniones anteriores sobre Colombia, se espera que muchos miembros del Consejo expresen su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -que está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas- y enfaticen la importancia de proteger a las personas que contribuyen a su trabajo, incluyendo a quienes brindan testimonios. Los miembros pueden hacer referencia a los avances en el trabajo de la SJP, incluyendo su presentación en agosto de una estrategia para investigar el reclutamiento forzado y la utilización de niños durante el período comprendido entre 1996 y 2016.

    Es probable que varios miembros acojan con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional colombiana de prorrogar el mandato de la Comisión de la Verdad, que expiraba el 28 de noviembre de acuerdo con los términos del acuerdo de paz de 2016. A raíz de una petición presentada en julio por organizaciones de víctimas, que sostenían que la pandemia del COVID-19 había obstaculizado la capacidad de la comisión para reunirse con las comunidades afectadas por el conflicto, la Corte Constitucional decidió el 1 de octubre prorrogar el mandato de la Comisión de la Verdad por nueve meses más, hasta el 27 de agosto de 2022. Dentro de ese periodo, la comisión deberá publicar su informe final en siete meses, para el 27 de junio de 2022 -que será después de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022- y trabajará en los dos meses siguientes en la familiarización del público con el informe. En la reunión de mañana, algunos miembros podrían pedir que se mantenga un enfoque centrado en las víctimas y se evite la politización del informe de la comisión.

    Los miembros del Consejo podrían subrayar la importancia del diálogo entre las partes para abordar los retos a corto y largo plazo de la aplicación del acuerdo de paz. En este sentido, pueden animar a las partes a utilizar los mecanismos establecidos por el acuerdo de 2016, como la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Aplicación del Acuerdo Final (CSIVI). Noruega, miembro del Consejo -que actúa como garante del acuerdo de paz de 2016, junto con Cuba-, participa en las reuniones de la CSIVI. Algunos miembros, sobre todo Rusia, han pedido al gobierno que dialogue con los grupos armados que no han firmado el acuerdo de paz, como el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

    Es probable que en la reunión de mañana se destaque la importancia del apoyo continuo de la comunidad internacional, y en particular del Consejo de Seguridad, al proceso de paz en Colombia. Es posible que algunos miembros señalen la necesidad de que el Consejo escuche los puntos de vista de ambos firmantes del acuerdo de paz de 2016 sobre los distintos aspectos de su implementación.

    Como preparación para la reunión de mañana, los miembros del Consejo se reunieron con representantes tanto del gobierno como del partido Comunes (compuesto por antiguos miembros de las FARC-EP) para discutir sus puntos de vista sobre el último informe del Secretario General. El 4 de octubre, la embajada de Noruega en Bogotá convocó una reunión en persona entre representantes del partido Comunes y varios embajadores en el país de los miembros no permanentes del Consejo. El 11 de octubre, los expertos del Consejo participaron en una reunión virtual con el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, organizada por la Misión Permanente de Colombia ante la ONU. También se celebraron reuniones similares antes de la reunión trimestral del Consejo sobre Colombia de julio.

    De cara al futuro, el Consejo deberá renovar el mandato de la misión de verificación antes de que expire el 31 de octubre. En la resolución 2574 del 11 de mayo, el Consejo amplió el mandato de la misión de verificación para incluir la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la JEP. (Se espera que la JEP comience a dictar sus sentencias a principios de 2022). Los miembros del Consejo pueden utilizar las consultas a puerta cerrada para preguntar a Ruiz Massieu sobre los avances en el trabajo preparatorio realizado por la misión de verificación antes de emprender esta nueva tarea.

    Security Council Report, 13/10/2021

  • Conseil de Sécurité: Briefing et consultations sur le Yémen

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    Demain (14 octobre), le Conseil de sécurité tiendra sa séance d’information mensuelle ouverte, suivie de consultations privées, sur le Yémen. L’envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, et le sous-secrétaire général par intérim aux affaires humanitaires, Ramesh Rajasingham, feront un exposé. Un représentant de la société civile devrait également informer le Conseil. Il semble que le Royaume-Uni, qui est le correspondant pour le Yémen, prévoit de faire circuler un projet de communiqué de presse qui pourrait être publié par les membres du Conseil après la réunion.

    M. Grunberg devrait informer les membres du Conseil de ses récents efforts diplomatiques. Au cours du mois dernier, il a tenu ses premières réunions avec les parties yéménites depuis qu’il a pris ses fonctions d’envoyé spécial pour le Yémen en septembre. M. Grundberg a rencontré les dirigeants du gouvernement yéménite, notamment le président Abd Rabbo Mansour Hadi à Riyad le 16 septembre, et le négociateur en chef du groupe rebelle Houthi, Mohammed Abdel Salam, à Mascate quelques jours plus tard.

    Le 6 octobre, M. Grundberg a effectué sa première visite au Yémen. Il s’est rendu à Aden, où il a rencontré le Premier ministre yéménite Maeen Abdulmalik Saeed, qui est récemment revenu dans la ville pour la première fois depuis que des manifestants ont pris d’assaut le palais présidentiel en mars. M. Grundberg a également rencontré le président du Conseil de transition du Sud (STC), Aidarous Zubaidi, le gouverneur de Taiz, Nabil Shamsan, d’autres acteurs politiques, notamment du mouvement séparatiste du Sud Al Hirak et de la Conférence du Hadramout inclusif, ainsi que des représentants de la société civile, dont des militants des droits des femmes. Il a également consulté des acteurs régionaux et internationaux, notamment des responsables saoudiens et omanais, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, des responsables de l’Union européenne, l’envoyé spécial des États-Unis au Yémen et les ambassadeurs au Yémen des membres permanents du Conseil de sécurité. M. Grundberg a indiqué à plusieurs reprises qu’il préférait que le processus politique soit plus inclusif, déclarant dans un communiqué de presse du 6 octobre sur sa visite à Aden qu’ »une solution durable est une solution qui reflète les intérêts de divers et larges segments de la société yéménite ».

    Lors de la réunion de demain, les membres du Conseil devraient réitérer leur soutien aux efforts de médiation menés par les Nations unies en vue de promouvoir un processus politique. Au cours des consultations à huis clos, les membres pourraient être intéressés d’entendre l’évaluation par Grundberg des positions des parties yéménites, suite à ses premières rencontres.

    La situation sécuritaire dans le pays est un autre sujet de discussion attendu lors de la réunion de demain. Depuis la mi-septembre, les Houthis ont intensifié leurs opérations militaires dans le sud du gouvernorat de Marib et dans le gouvernorat limitrophe de Shabwa. Le groupe a également continué à mener des attaques de missiles et de drones contre l’Arabie saoudite et certaines parties du Yémen. Le 3 octobre, des missiles balistiques ont atterri dans le quartier al-Rawdah de la ville de Marib, tuant apparemment deux enfants et blessant 33 civils. M. Grundberg et plusieurs membres du Conseil devraient réitérer leurs appels à la fin des offensives militaires.

    M. Grundberg pourrait également souligner la nécessité de mettre en œuvre l’accord de Riyad, l’accord de partage du pouvoir négocié par l’Arabie saoudite entre le gouvernement yéménite et le CTS. Il pourrait noter que la situation dans le sud reste fragile. Le 10 octobre, une voiture piégée a visé le convoi du gouverneur d’Aden, Ahmed Lamlas (qui est également secrétaire général du CTS), et du ministre yéménite de l’agriculture et membre du CTS, Salem al-Suqatri. Lamlas et al-Suqatri ont survécu mais six personnes ont été tuées dans l’attentat.

    M. Rajasingham devrait souligner les effets de l’escalade du conflit sur la population civile. Septembre a été le deuxième mois le plus meurtrier de ces deux dernières années pour les civils, avec 235 civils tués ou blessés, selon l’OCHA. Les combats ont également déplacé 10 000 personnes à Marib – le taux le plus élevé enregistré dans le gouvernorat en un seul mois cette année. M. Rajasingham pourrait s’inquiéter des effets humanitaires de l’encerclement par les Houthis, ces dernières semaines, du district d’Al Abdiyah, au sud de Marib, une zone où résident environ 31 500 personnes. Bien que l’aide parvienne apparemment toujours au district, M. Rajasingham soulignera probablement la nécessité de faciliter un accès humanitaire sans entrave et la liberté de mouvement des civils.

    M. Rajasingham devrait également évoquer l’effondrement économique actuel du Yémen, qui est l’un des principaux moteurs de la crise humanitaire du pays. Le rial yéménite a atteint un plancher record dans les zones tenues par le gouvernement, s’échangeant à environ 1200 rials pour un dollar américain. Dans le même temps, les importations de carburant par les ports contrôlés par les Houthis continuent d’être limitées en raison des restrictions gouvernementales, ce qui fait encore grimper les coûts. M. Rajasingham soulignera probablement les mesures qui peuvent être prises pour améliorer l’économie, telles que l’injection de devises étrangères dans la banque centrale pour renforcer la monnaie et l’ouverture complète des ports du Yémen pour toutes les expéditions qui ont été autorisées par le mécanisme de vérification et d’inspection des Nations unies (UNVIM). On s’attend à ce qu’il fasse remarquer que les Nations unies ont récemment intensifié leur opération d’aide, atteignant environ 13 millions de personnes en septembre, ce qui a contribué à réduire le risque de famine à grande échelle. Cependant, Rajasingham pourrait avertir que les récentes augmentations du financement de l’opération d’aide doivent être maintenues, sinon les Nations unies devront bientôt réduire leur soutien.

    Lors de la réunion de demain, certains membres du Conseil pourraient exprimer leur déception face à l’échec du Conseil des droits de l’homme (CDH) à renouveler le mandat du Groupe d’éminents experts internationaux et régionaux sur le Yémen (GEE), que le CDH a créé en 2017 pour surveiller et rendre compte de la situation des droits de l’homme dans le pays. Un projet de résolution qui aurait renouvelé le mandat du GEE pour deux ans n’a pas réussi à être adopté par le CDH le 7 octobre, 21 pays ayant voté contre et sept s’étant abstenus. Selon les médias, l’Arabie saoudite a fait pression contre le renouvellement du mandat du Groupe d’experts gouvernementaux avant le vote. Les membres du Conseil de sécurité qui ont voté contre le renouvellement du GEE sont la Chine, l’Inde et la Russie, ainsi que le Gabon, nouveau membre du Conseil pour 2022-2023. Parmi les 18 pays qui ont voté en faveur du renouvellement du mandat du GEE figurent la France, le Mexique, le Royaume-Uni et le Brésil, nouveau membre du Conseil de sécurité.

    Certains membres du Conseil pourraient condamner l’exécution publique par les Houthis, le 18 septembre, de neuf personnes, dont un adolescent, par un peloton d’exécution à Sanaa, pour avoir prétendument participé au meurtre du haut responsable houthi Saleh al-Samad lors d’une frappe aérienne de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite en avril 2018. L’adolescent aurait été partiellement paralysé à la suite des tortures qu’il a subies et a dû être porté jusqu’à l’exécution. Une dixième personne a également été condamnée mais était décédée en détention. Dans une déclaration du 19 septembre, le Secrétaire général António Guterres a condamné ces exécutions, notant qu’elles avaient suivi des procédures judiciaires qui « ne semblent pas avoir satisfait aux exigences d’un procès équitable et d’une procédure régulière en vertu du droit international ».

    Les députés peuvent également réitérer leur inquiétude quant à la menace environnementale et économique que représente le pétrolier décrépit FSO Safer, qui est amarré en mer Rouge au large du terminal pétrolier de Ras Isa, tenu par les Houthis. Ils pourraient réitérer leurs appels aux Houthis pour qu’ils coopèrent avec l’ONU afin de trouver une solution pour éviter une marée noire ou une explosion majeure.

    Parmi les autres développements récents qui pourraient être évoqués lors du briefing, citons le général Abhijit Guha, qui a achevé au début du mois son mandat à la tête de la mission des Nations unies chargée de soutenir l’accord de Hodeidah (UNMHA). Guha a dirigé l’UNMHA, qui surveille l’accord de cessez-le-feu de Hodeidah, pendant près de deux ans. Le chef de mission adjoint Daniela Kroslak a repris ses fonctions jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de mission.

    Security Council report, 13/10/2021

  • Le gaz pourrait se raréfier en Espagne

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    L’Algérie réduira ses livraisons de gaz à l’Espagne en octobre. Dans le sud-ouest de l’Europe, les effets de la grave crise diplomatique entre l’Algérie et son rival régional, le Maroc, se font sentir.

    En Espagne, la forte hausse du prix de l’électricité ne peut être arrêtée. Cela est également dû au prix du gaz naturel, qui pourrait bientôt se raréfier dans la péninsule ibérique. Cela s’explique par le fait que l’Algérie réduira ses livraisons en octobre. L’Espagne sera particulièrement touchée, car elle s’approvisionne actuellement en gaz naturel auprès de ce pays d’Afrique du Nord à hauteur de 45 %. En fait, l’Algérie est un fournisseur fiable. Mais aujourd’hui, les effets de la grave crise diplomatique entre l’Algérie et son rival régional, le Maroc, se font sentir dans le sud-ouest de l’Europe.

    Fin août, le gouvernement d’Alger a rompu les relations avec le pays voisin, qui étaient tendues depuis de nombreuses années. Il y a quelques jours, elle a même fermé l’espace aérien algérien aux avions marocains. Alger accuse le Maroc de soutenir les séparatistes en Algérie, d’espionner le gouvernement et d’être « la tête de pont d’Israël » au Maghreb ; à cela s’ajoute l’escalade du conflit du Sahara occidental, dans lequel l’Algérie soutient le Front de libération du Polisario, qui combat à nouveau le Maroc.

    À partir de la fin octobre, le gaz naturel algérien ne circulera plus dans le gazoduc Maghreb-Europe, long de 1400 kilomètres. Il part de l’Algérie, traverse le Maroc, passe par le détroit de Gibraltar, se rend à Tarifa en Espagne et, de là, se rend en partie au Portugal. L’Algérie ne veut plus laisser le Maroc profiter de son gaz et ne renouvelle plus le contrat lucratif du gazoduc : jusqu’à présent, le Maroc pouvait conserver 7 % de la matière première transportée, qui couvrait ainsi près de la moitié de ses besoins.

    Du gaz en Espagne par camion-citerne ?

    À l’avenir, les approvisionnements algériens destinés à l’Espagne ne passeront plus que par le gazoduc Medgaz, long de 750 kilomètres, qui relie Beni Saf, sous la Méditerranée, au port espagnol d’Almería. Le gazoduc appartient à l’entreprise publique algérienne Sonatrach et au fournisseur d’électricité espagnol Naturgy, ainsi qu’à un fonds d’investissement.

    La capacité de ce gazoduc vient d’être portée de 8 000 à 10 000 millions de mètres cubes par an. Toutefois, cela ne compense qu’une partie des 8 700 millions de mètres cubes qui parvenaient auparavant chaque année en Espagne par le deuxième gazoduc via le Maroc. Il est également possible d’en liquéfier une partie et de l’acheminer en Espagne à l’aide de pétroliers. Mais cela est complexe et coûteux. Jusqu’à présent, cela ne s’est produit que pour 4 % des importations espagnoles.

    « Il n’y aura pas de problèmes d’approvisionnement en Espagne car nous avons suffisamment de possibilités de liquéfier le gaz naturel. Mais étant donné la situation tendue sur le marché du gaz, cela pourrait accroître la pression sur les prix », a déclaré à la F.A.Z. l’expert espagnol en énergie Gonzalo Escribano. Le directeur du programme pour les questions énergétiques et climatiques de l’Institut Elcano, basé à Madrid, ne s’attend pas à des variations plus spectaculaires. Mais le dernier développement « pourrait occasionnellement pousser les prix du gaz à la hausse dans le contexte de marchés qui ont déjà atteint des prix records », prévoit l’expert du groupe de réflexion de Madrid. Mais cela dépendra aussi de la réaction des politiciens, dit-il.

    Pas de panique

    Il n’y a pas de sentiment de panique à Madrid. Fin septembre, le ministre espagnol des affaires étrangères, José Manuel Albares, s’est rendu à Alger avec les dirigeants de Naturgy et de l’opérateur public des gazoducs Enagás. Là, les dirigeants algériens leur ont assuré qu’ils feraient tout pour tenir leurs promesses de livraison. Les derniers chiffres montrent à quel point cette relation est devenue étroite : En juillet, l’Espagne avait déjà importé plus de gaz naturel d’Algérie que pendant toute l’année 2020. L’Algérie est le plus important fournisseur de gaz naturel de l’Espagne. Il est suivi par le Nigeria, la Russie, les États-Unis et le Qatar.

    Les sources d’approvisionnement varient. Il s’agit d’une obligation légale en Espagne. Pour éviter une trop grande dépendance, les importations en provenance d’un même pays ne peuvent dépasser 50 %. Par exemple, il y a quelques années à peine, les États-Unis, ainsi que le Qatar, avaient dépassé l’Algérie. C’est pourquoi l’Espagne dispose d’une logistique qui la rend moins dépendante des pipelines. Il existe des usines de liquéfaction dans cinq grands ports, ainsi que la plus grande flotte de pétroliers de l’UE. Toutefois, l’Oxford Institute for Energy Studies prévient que l’Algérie n’est pas en mesure d’augmenter de manière significative la liquéfaction de son gaz à court terme.

    Frankfurter Allegemeine, 11/10/2021

  • La clôture de Melilla sera contrôlée par des drones

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    Le colonel de la Garde civile de Melilla, Antonio Sierras Sánchez, a annoncé l’utilisation prochaine de drones pour contrôler la clôture frontalière avec le Maroc et des changements dans ses postes terrestres lors de sa réouverture après 18 mois de fermeture en raison de la crise du covid-19, a remercié la « collaboration et la loyauté » des forces de sécurité du pays voisin dans la lutte contre l’immigration clandestine, soulignant que parmi les agents marocains « il y a eu des morts et des blessés extrêmement graves » dans ce travail de contrôle.

    Dans son discours pour la Patronale de l’Instituto Armado, Antonio Sierras a expliqué que du côté espagnol en 2021 il y a eu plus de 60 gardes civils blessés dans les assauts sur le périmètre frontalier « dans lequel les immigrants n’hésitent pas à utiliser des tactiques militaires dans leur avancée vers Melilla et une violence inhabituelle contre les forces de sécurité marocaines et, par la suite, contre nos forces de sécurité », a-t-il assuré.

    À cet égard, il a admis que parmi les agents marocains, il y a eu non seulement des blessures extrêmement graves, mais aussi des décès, sans toutefois en préciser le nombre. « Je ne peux que remercier la Gendarmerie royale, l’armée marocaine et la police marocaine pour leurs efforts, leur loyauté et le grand accomplissement de leur devoir, jour après jour », a souligné le chef de la Guardia Civil de la ville autonome.

    Changements aux postes frontières

    Sierras a annoncé l’installation prochaine de nouvelles caméras à longue portée et espère que dans les prochains mois « le processus pourra commencer pour l’utilisation d’un nouvel élément de surveillance tel que celui réalisé par des drones », dans le but de réduire les risques que la Garde civile assume dans ce type d’intervention.

    Dans son discours, il a souligné que pendant cette période « nous avons pu percevoir un changement progressif dans l’aspect de notre périmètre frontalier avec le remplacement d’un concertina, qui ne servait guère d’obstacle et qui, néanmoins, causait des blessures importantes aux migrants ».

    En ce sens, il a détaillé que « jusqu’à présent, un nouveau câble de fibre optique a été installé le long du périmètre, une grande partie de la clôture a été équipée du soi-disant « peigne inversé » ainsi qu’un changement total de certaines sections de la clôture et de nouvelles caméras de sécurité ont été remplacées et installées », a indiqué M. Sánchez.

    Huffpost, 11/10/2021

  • Moussa Darmanin rend hommage à son grand-père algérien

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    C’est dans un contexte très particulier que le ministre de l’intérieur français a rendu, samedi 9 octobre, hommage à son grand père d’origine algérienne. Gérald Darmanin a inauguré à Hasnon, la plaque de rue qui porte désormais le nom de son grand-père maternel, Moussa Ouakid, un tirailleur algérien de l’armée française.

    À l’heure où le débat public en France, s’agite autour de l’immigration, Gérald Darmanin a inauguré une rue au nom de son grand-père algérien, Moussa Ouakid (1907-1975). Un aïeul dont le ministre se revendique régulièrement et à qui il doit même son deuxième prénom, Moussa.

    « Chez nous, il n’y avait pas Jésus-Christ. Il y avait le Général et mon grand-père », a déclaré Gérald Darmanin lors de cette cérémonie solennelle.

    L’adjudant-chef de l’armée française Moussa Ouakid a participé à la libération de Saint-Amand-les-Eaux, lors de la deuxième guerre mondiale. Né en Algérie, il a choisi la France pour la défendre.

    « Mon grand-père s’est battu en 1944 pour la France, il a libéré la ville de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, avec son régiment de tirailleur algérien. Je suis fier d’inaugurer à Hasnon, la rue qui portera dorénavant le nom de l’adjudant-chef Moussa Ouakid, mon grand-père », a écrit Darmanin sur son compte Tweter.

    Gérald Darmanin tacle Eric Zemmour
    « Je n’ai pas connu mon grand-père, mais j’ai toujours vécu avec sa photo, partout où on allait », explique le ministre.

    Dans son discours, Gérald Darmanin n’a pas manqué provoquer la polémique qui enfle en France sur les prénoms. « Il n’y a pas d’autre démonstration à faire sur les prénoms que de regarder l’Histoire. Et on s’aperçoit que ceux qui disent ça, disent beaucoup de bêtises », répond-t-il.

    Il importe de noter que Gérald Darmanin se dit toujours fier d’être le premier « petit-fils d’Algérien » à occuper un poste de ministre dans le gouvernement français.

    Algérie-expat, 11/10/2021

  • Canada : Une famille marocaine se chauffe avec un four

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    Incapables de se reloger depuis l’annonce de la démolition de leur immeuble, à Longueuil, un couple et ses trois enfants en sont réduits à se chauffer avec la cuisinière en vivant dans la crainte constante de l’arrivée des bulldozers. « On est les seuls qui restent de l’immeuble. On cherche depuis des mois, mais on ne trouve rien. Personne ne veut d’une famille avec trois enfants et parce que pour le moment [ma conjointe] ne travaille pas », explique Ismaël Lahmoum, qui vit avec sa femme et leurs enfants de 14, 12 et 6 ans.

    En mai dernier, l’immeuble où il vit avec sa famille depuis deux ans a été acheté par la résidence pour aînés de Longueuil, Château Bellevue, selon le registre foncier de la Ville. On a alors demandé à M. Lahmoum de quitter l’appartement pour le 30 septembre, au plus tard, et on lui a offert trois mois de loyer gratuit, explique-t-il. Malgré des recherches et des visites intensives durant les quatre derniers mois, la famille de cinq peine à trouver un logement assez grand qui rentre dans son budget, s’étirant tout de même jusqu’à 1300 $ par mois, explique Asmae Zoihid, la maman.

    « On est prêt à prendre un appartement plus petit pour rester dans le quartier, parce que les enfants vont à l’école à côté, qu’ils ont leurs amis et leurs repères. Ce n’est pas facile pour eux non plus, même s’ils comprennent un peu la situation », laisse-t-elle tomber.

    Le four pour chauffer le logement

    Depuis le 1er octobre, la pression de trouver un nouveau toit a particulièrement augmenté sur cette famille originaire du Maroc qui vit sur la Rive-Sud de Montréal depuis 14 ans. Le gaz qui leur permettait de chauffer l’appartement a été coupé.

    « Maintenant, on doit allumer le four et laisser la porte entre-ouverte. On n’a pas le choix de faire ça pour rester au chaud », confie M. Lahmoum.

    Enfants refusés

    Selon l’homme qui travaille comme concierge, la majorité des propriétaires d’appartements refusent ou disparaissent dès qu’il indique avoir des enfants.

    Mme Zoihid, employée normalement dans une garderie, croit que son arrêt de travail pour des raisons de santé l’empêche aussi de fournir une preuve tangible d’emploi pour rassurer les propriétaires.

    Pour Marco Monzon, directeur général du Comité logement Rive-Sud, la situation de cette famille reflète bien la crise du logement qui se dessine depuis des années.

    « On le sait, les taux d’inoccupation sont très, très bas, surtout pour les 3 chambres et plus. Mais en plus, il y a vraiment eu une augmentation des prix des loyers, donc même s’il y a des logements, ils ne sont pas accessibles parce que les prix sont trop hauts pour des familles », explique-t-il.

    QUB, 12/10/2021

  • Guerre des mots sans précédent entre Guterres et l’Ethiopie

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    NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, mène une bataille diplomatique sans précédent avec l’un des États membres de l’organisation mondiale : l’Éthiopie, un pays politiquement troublé qui a désespérément besoin d’une aide humanitaire internationale.

    La guerre des mots, dans une institution dans laquelle le secrétaire général est traditionnellement considéré comme subordonné aux 193 États membres, est si rare selon les normes onusiennes, obligeant Guterres à exercer son « droit de réponse » le 6. » Au Conseil de sécurité, le corps le plus puissant du corps.

    L’affrontement a éclaté lorsque le gouvernement éthiopien a décidé le 30 septembre de déclarer « personas non gratas (PNG) » sept responsables de l’ONU (Nations Unies), dont la plupart fournissaient une aide humanitaire, à qui il a donné 72 heures pour quitter le pays de la corne de l’Afrique.

    Dans un briefing sur l’exercice de son droit de réponse « que nous n’avons jamais vu au Conseil de sécurité », il lui a été posé la question suivante : « Est-ce une expression du niveau de votre mécontentement, en ce moment, envers l’ambassadeur ? d’Ethiopie ? « 

    « Il est de mon devoir de défendre l’honneur des Nations Unies », a répondu Guterres.

    Auparavant, lors de la session du Conseil de sécurité, il avait estimé que le gouvernement d’Addis-Abeba « n’a pas le droit d’expulser ces membres de l’ONU », parmi lesquels figurent les chefs de mission dans ce pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef ) et le Bureau des Nations unies pour la coordination de l’aide humanitaire (Ocha).

    Le secrétaire général a souligné que l’expulsion du personnel de l’ONU est « particulièrement préoccupante » car il existe « une immense crise humanitaire » dans le pays, que les agences de l’agence ont contribué à atténuer.

    Dans la diplomatie internationale, l’utilisation de la PNG repose sur le principe de réciprocité : « vous expulsez nos diplomates et nous expulsons les vôtres », comme cela était évident à l’époque de la guerre froide entre l’ONU et l’Union soviétique de l’époque.

    Des spécialistes ont rappelé que l’expulsion massive de diplomates est devenue une caractéristique de la guerre froide, lorsque les diplomates de l’Union soviétique et de ses alliés étaient souvent soupçonnés d’être des agents de renseignement et sommés de partir, généralement après un scandale d’espionnage.

    Inévitablement, les Russes et leurs alliés ont riposté et expulsé les diplomates occidentaux. La plus grande expulsion a eu lieu en 1971, lorsque le gouvernement conservateur britannique de l’époque a expulsé 90 des 550 membres de l’ambassade de l’Union soviétique à Londres et a empêché le retour de 15 autres diplomates.

    Mais l’ONU n’a pas de réciprocité diplomatique, et Guterres n’a pas non plus le pouvoir ou l’autorité d’expulser les diplomates éthiopiens de l’ONU ou de New York.

    Le gouvernement d’Addis-Abeba fait valoir que les sept responsables de l’ONU ont été expulsés du pays parce qu’ils « s’étaient ingérés dans les affaires intérieures de l’Éthiopie ».

    Mais à la date du vendredi 8, l’Éthiopie n’avait pas répondu à la demande du secrétaire général d’obtenir des preuves concrètes de l’expulsion.

    Guterres soutient également que le concept de persona non grata s’applique aux relations entre nations souveraines, et non aux relations entre l’ONU et ses États membres.

    Le représentant de l’Éthiopie auprès de l’organe, Taye Atske Selassie Amde, a déclaré que son pays n’avait aucune obligation légale de justifier ou d’expliquer ses décisions, et a énuméré les allégations de « faute » de la part de responsables de l’ONU.

    Le différend a apparemment été déclenché par le fait que l’ONU fournissait également une assistance humanitaire aux forces rebelles dans un pays où près de sept millions de personnes ont besoin d’une telle assistance.

    Le gouvernement d’Addis-Abeba fait face aux rebelles du Front populaire de libération du Tigré, dans cette région du nord du pays, qui a considérablement dévasté la région.

    Lorsqu’il fournit de la nourriture et des médicaments d’urgence, l’ONU affirme que sa distribution n’est pas guidée par la politique, mais par des facteurs humains, ils insistent sur l’organisme.

    Kul Gautam, ancien sous-secrétaire général de l’ONU et ancien directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, a déclaré à IPS que « plusieurs représentants de l’UNICEF et de l’ONU ont été attaqués comme la PNG, mais jamais l’ONU n’a adopté une position publique aussi forte et catégorique que dans ce cas ».

    Dans le passé, a-t-il dit, les secrétaires généraux de l’organisme et les chefs d’agence ont protesté et condamné de telles expulsions, « mais je ne me souviens pas que l’ONU ait jamais remis en question le droit du gouvernement incriminé de déclarer le personnel international de l’ONU persona non grata ».

    Par conséquent, a-t-il analysé, ce fut une (agréable) surprise que dans le cas du personnel de l’ONU expulsé par le gouvernement éthiopien, le secrétaire général ait fait une déclaration publique audacieuse remettant en cause les actions et les déclarations du gouvernement éthiopien, à la fois dans les médias et dans le Conseil de sécurité.

    « J’espère et j’espère que le nouveau poste du secrétaire général a été soigneusement examiné et corroboré par le Bureau juridique de l’ONU et qu’il sera maintenu, si l’affaire est contestée devant la Cour internationale de justice », a déclaré Gautam.

    Dans le passé, a noté Gautam, le fait que le personnel des Nations Unies était accusé par des gouvernements autoritaires d’adopter une position de principe dans l’intérêt des Nations Unies ou des causes qu’ils servent (par exemple, l’intérêt supérieur de la population enfantine, dans le cas de l’Unicef), était souvent considéré comme « un insigne d’honneur » pour le ou les fonctionnaires impliqués.

    Après tout, a-t-il fait remarquer, le personnel de l’ONU prête allégeance à la Charte des Nations Unies qui parle de « Nous, les peuples des Nations Unies », et non « Nous, les gouvernements des Nations Unies ».

    Et il est spécifiquement interdit au personnel de l’ONU de recevoir des instructions de leurs gouvernements nationaux ou des gouvernements des pays hôtes, a-t-il soutenu.
    « Certains gouvernements préféreraient que l’ONU et ses agences leur envoient simplement un chèque dans le cadre de leur coopération. Mais l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les conseils d’administration des agences, fonds et programmes des Nations Unies, attendent du personnel des Nations Unies sur le terrain qu’il surveille attentivement l’utilisation et l’efficacité de l’aide qu’ils fournissent », a-t-il déclaré.

    Gautam a conclu : « Espérons que la réponse réfléchie du Secrétaire général de l’ONU à l’action unilatérale du gouvernement éthiopien conduira à l’habilitation des responsables internationaux de l’ONU à mener leurs activités humanitaires et de développement sans crainte ni faveur au mieux. personnes à qui cette aide est destinée ».

    Thomas G. Weiss, professeur de sciences politiques et directeur émérite du Ralph Bunche Institute for International Studies au Graduate Center de la City University de New York, a déclaré à IPS que « de nombreux responsables de l’ONU ont été déclarés PNG par le pays dans lequel ils étaient destiné. Les secrétaires généraux se plaignent parfois et parfois ils se taisent ».

    Stephen Zunes, chroniqueur et analyste pour Foreign Policy in Focus, qui a beaucoup écrit sur la politique du Conseil de sécurité, a déclaré à IPS que « je ne me souviens d’aucune occasion précédente où un secrétaire général a exercé son droit de réponse ».

    Mais ce n’est en aucun cas la première fois que des responsables de l’ONU sont expulsés ou déclarés persona non grata, a-t-il déclaré.

    Récemment, le Maroc a expulsé la plupart des casques bleus de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO), considérée comme un territoire occupé. Le gouvernement de Rabat a invoqué le statut de PNG pour l’envoyé personnel du secrétaire général, Christopher Ross.

    La différence, a souligné Zunes, est que dans le cas du Maroc et dans d’autres cas précédents, le gouvernement impliqué avait au moins un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en tant qu’allié inconditionnel, ce qui limitait la capacité du secrétaire général à faire face aux eux de manière si décisive.

    « Cette action sans précédent à l’égard de l’Éthiopie peut être à la fois le reflet de l’isolement diplomatique relatif de l’Éthiopie et de la gravité de son action contre l’ONU », a déclaré Zunes, professeur de politique à l’Université de San Francisco et président de votre Middle Département d’études orientales.

    Gautam a assuré que l’actuel Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, lauréat du prix Nobel de la paix 2019, a profondément déçu la communauté internationale en commettant ou en consentant à de graves violations des droits humains contre la population d’une communauté ethnique minoritaire dans son propre pays. Un cas, a-t-il rappelé, similaire à celui d’Aung San Suu Kyi au Myanmar.

    Le fait que certains militants de la communauté ethnique aient également commis des atrocités ne justifie pas des actions dures et disproportionnées contre des civils innocents par le gouvernement d’un État démocratique qui devrait avoir un niveau d’exigence plus élevé, a-t-il soutenu.

    « Bien qu’il y ait eu plusieurs cas d’expulsion de fonctionnaires de l’ONU de divers pays par des gouvernements autoritaires, le fait que l’Éthiopie ait déclaré persona non grata sept fonctionnaires de l’ONU fournissant une aide humanitaire, sur des accusations apparemment fabriquées, est sans précédent », a déclaré Gautam.

    À son avis, la position prise par le Secrétaire général de l’ONU est également sans précédent, dont le porte-parole, Farhan Haq, a déclaré que « c’est la position juridique de longue date de l’Organisation de ne pas accepter l’application de la doctrine de persona non grata en ce qui concerne aux fonctionnaires des Nations Unies ».

    «Il s’agit d’une doctrine qui affecte les agents diplomatiques accrédités par un État auprès d’un autre État. L’application de cette doctrine aux fonctionnaires de l’ONU est contraire aux obligations découlant de la Charte des Nations Unies et aux privilèges et immunités accordés aux Nations Unies et à ses fonctionnaires », a-t-il déclaré.

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  • Dignes des films hollywoodiens: Evasion d’un marocain

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    Barcelone.- Selon la presse locale catalane, un détenu du centre pénitentiaire de Lledoners s’est évadé, dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu’il se trouvait à l’hôpital Sant Joan de Déu de Manresa. Il s’agit d’un prisonnier considéré comme dangereux et qui aurait fui vers le Baix Llobregat.

    Selon El Caso, il s’agit de Hamza Nali, un prisonnier de nationalité marocaine qui avait été transféré par les Mossos d’Esquadra au centre médical pour une visite. Au moment de son évasion, vers 22 heures, il était torse nu et avait un bras dans le plâtre.

    Nali se serait évadé et la police cherche maintenant à savoir s’il a été récupéré par une voiture qui s’est dirigée vers Baix Llobregat, où, selon Los Mossos, le prisonnier évadé a des contacts. En outre, le même média rapporte que ses collaborateurs pourraient être armés.

    La police n’a pas précisé les crimes pour lesquels il était en prison ni s’il était en détention provisoire. Ce que l’on sait, c’est qu’il est considéré comme dangereux.

  • Pandora Papers : ces milliers de milliards de dollars invisibles aux yeux du fisc

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    « Les Pandora Papers, c’est comme les Panama Papers mais sous stéroïdes. »

  • Cette semaine au Conseil de Sécurité

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    Cette semaine, toutes les réunions officielles du Conseil de sécurité et des organes subsidiaires devraient se dérouler en personne.

    Lundi 11 octobre, le Conseil de sécurité tiendra une réunion avec les pays contributeurs de troupes de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Le représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, devrait faire un exposé.

    Mardi (12 octobre), le Kenya organisera un débat ouvert de haut niveau intitulé « Diversité, consolidation de l’État et recherche de la paix », sous le point de l’ordre du jour « Consolidation et maintien de la paix ». Le président kenyan Uhuru Kenyatta présidera la réunion. Le Secrétaire général António Guterres devrait faire un exposé. Un représentant de la société civile pourrait également faire un exposé.

    Les membres du Conseil recevront un briefing lors des consultations sur la MINURSO mercredi (13 octobre). Le Représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, et la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique au Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et au Département des opérations de paix (DPPA-DPO), Martha Ama Akyaa Pobee, sont les intervenants prévus.

    Jeudi (14 octobre), les membres du Conseil devraient voter sur un projet de résolution renouvelant le mandat du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH).

    Jeudi également, le Conseil se réunira pour son briefing mensuel, suivi de consultations, sur le Yémen. L’envoyé spécial pour le Yémen, Hans Grundberg, et le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, devraient faire un exposé. Un représentant de la société civile pourrait également informer le Conseil.

    La réunion trimestrielle du Conseil sur la Colombie aura lieu jeudi. Le représentant spécial et chef de la mission de vérification des Nations unies en Colombie, Carlos Ruiz Massieu, fera un exposé sur les développements récents et le dernier rapport de 90 jours du Secrétaire général sur la mission, qui a été publié le 24 septembre. Un représentant de la société civile pourrait également faire un exposé.

    Le vendredi (15 octobre), il y aura un briefing sur la situation au Kosovo. Le Représentant spécial et chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), Zahir Tanin, présentera les développements récents et le dernier rapport du Secrétaire général.

    Cette semaine, les membres du Conseil devraient poursuivre la négociation d’un projet de résolution sur la protection de l’éducation dans les conflits, qui a été initié par le Niger et la Norvège.

    Au niveau des organes subsidiaires, le groupe de travail sur les enfants et les conflits armés se réunira pour une réunion informelle le lundi 11 octobre afin d’entendre un exposé de l’équipe spéciale des Nations unies pour la République démocratique du Congo (RDC) chargée de surveiller et de signaler les violations graves contre les enfants (CTFMR).

    Le mardi 12 octobre, le groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix se réunira pour une réunion consacrée au travail de la police des Nations unies (UNPOL). Le conseiller de la police des Nations unies, Luís Carrilho, devrait faire un exposé.

    Le Comité des sanctions 1267/1989/2253 contre l’État islamique en Irak et au Levant (ISIL/Da’esh) et Al-Qaida se réunira pour des consultations informelles le mercredi (13 octobre) pour recevoir un briefing trimestriel de son équipe de surveillance.

    Le vendredi (15 octobre), il y aura une réunion formelle du Comité d’état-major.

    Vendredi également, le Comité des sanctions contre le Sud-Soudan (2206) tiendra ses consultations informelles annuelles avec la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba.

    Vendredi (15 octobre), il y aura une réunion virtuelle Arria-formule sur Haïti à l’initiative des « A3 plus un » (Kenya, Niger, Tunisie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines).

    Security Council Report, 10/10/2021