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Los investigadores creen que Pier Antonio Panzeri, el ex eurodiputado en el centro del Qatargate, también recibió sobornos de Rabat.
Por Andalla Brahim
Pier Antonio Panzeri y su familia esperaban recibir el Año Nuevo en un hotel de cinco estrellas en Marrakech, presuntamente pagado por el gobierno marroquí. En cambio, el ex legislador italiano, su esposa y su hija lo pasaron bajo arresto.
Panzeri ha emergido como una figura central en la investigación de corrupción que conmocionó al establecimiento de Bruselas en diciembre, cuando la policía belga allanó las instalaciones del Parlamento Europeo y se incautó de más de 1,5 millones de euros en efectivo en las casas de Panzeri y otros dos sospechosos.
Los fiscales creen que Qatar utilizó a Panzeri y su red para mejorar su imagen en Bruselas antes de la Copa Mundial de la FIFA. Pero el italiano de 67 años no era nuevo en el juego: los investigadores sospechan que había estado recibiendo sobornos y regalos de funcionarios marroquíes durante más de una década a cambio de influir en la política de la UE.
Hasta 2019, cuando no logró ser reelegido para el Parlamento Europeo, Panzeri había sido el encargado de las relaciones entre la UE y Marruecos, un defensor de los derechos humanos y un visitante frecuente de La Mamounia, el lujoso complejo de Marrakech que una vez acogió a Winston Churchill.
Según las transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas descritas, la familia Panzeri discutió sobre regalos de Abderrahim Atmoun, el embajador de Marruecos en Polonia. Los Panzeri también discutieron planes para pasar una semana, incluyendo la víspera de Año Nuevo, en La Mamounia, a expensas de Rabat.
La esposa y la hija de Panzeri están bajo arresto domiciliario en Lombardía y esperan ser trasladadas a Bélgica, donde él está detenido, con los fiscales alegando que ambas eran conscientes del esquema de corrupción.
El abogado de Panzeri declinó hacer comentarios para esta historia, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Un abogado de la esposa e hija de Panzeri dijo que negaban cualquier delito.
Los vínculos de Panzeri con funcionarios marroquíes se remontan a más de una década atrás, cuando era jefe de la delegación del Parlamento para la EU-Magreb. Entre 2011 y 2019, Atmoun copresidió un comité parlamentario conjunto EU-Marruecos con Panzeri, según registros públicos. También viajó frecuentemente a Italia.
Los registros parlamentarios muestran que Panzeri tenía opiniones favorables hacia el gobierno marroquí desde 2010, cuando instó a la Comisión Europea a asignar más fondos para el país. Su historial de votaciones también indica votos positivos sobre el acuerdo comercial UE-Marruecos y el acuerdo pesquero.
El 1 de septiembre de 2012, Atmoun asistió a un evento del partido democrático de centro-izquierda italiano, en el cual Panzeri elogió el impulso democrático de Marruecos, en contraste, por ejemplo, con Túnez. « La UE finalmente se ha dado cuenta de que debe adoptar un enfoque diferente », dijo Panzeri, según un video grabado.
La investigación de corrupción, inicialmente una operación de inteligencia que el servicio secreto belga comenzó en 2021, en cooperación con varios otros servicios de inteligencia europeos, comenzó investigando elementos de las relaciones de Marruecos con la UE. El enfoque estaba en los esfuerzos de cabildeo de Rabat sobre los derechos de pesca y el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio disputado del Sáhara Occidental, según dos funcionarios familiarizados con el asunto.
La mayor parte del Sáhara Occidental está bajo control marroquí, pero el Frente Polisario, respaldado por Argelia, ha estado exigiendo la independencia y un referéndum de la ONU para determinar el destino del territorio, que lleva décadas estancado.
En 2021, un tribunal de la UE anuló dos acuerdos comerciales y pesqueros entre Bruselas y Marruecos porque no se había consultado adecuadamente a la gente del Sáhara Occidental, aunque siguen en vigor a la espera de una apelación.
En julio de 2022, los oficiales de inteligencia belgas instalaron cámaras de video en la casa de Panzeri en Bruselas después de haber descubierto 700,000 euros en efectivo allí. Luego informaron a la policía belga y al fiscal federal, según los dos funcionarios con conocimiento de la investigación.
En una instancia grabada por la vigilancia, Panzeri repartió 50,000 euros en sobres con el estampado de Santa Claus a un sindicalista italiano, Luca Visentini, que buscaba la reelección como jefe de la Confederación Internacional de Sindicatos. Visentini admitió haber recibido el dinero como una donación para su campaña del ITUC y negó cualquier delito.
Los investigadores alegan que el grupo de Panzeri pudo influir en votos contra dos activistas marroquíes preseleccionados para el prestigioso premio de derechos humanos Sakharov del Parlamento Europeo en 2018 y en 2021, respectivamente. En lugar de apoyar al nominado marroquí propuesto por la extrema izquierda en 2021, los socialistas en el Parlamento Europeo terminaron votando por un candidato boliviano nominado por la extrema derecha.
La semana pasada, los fiscales belgas pidieron al Parlamento que levantara la inmunidad de dos eurodiputados sospechosos de estar involucrados en el esquema de Panzeri. Uno de ellos es el sucesor de Panzeri como encargado de Marruecos en el Parlamento Europeo, Andrea Cozzolino. Cozzolino también heredó al asistente de Panzeri, que está bajo custodia belga junto con su ex jefe.
Cozzolino fue « suspendido provisionalmente » del partido democrático de Italia el mes pasado. El eurodiputado no respondió a las solicitudes de comentarios y sus abogados declinaron hacer comentarios. En una declaración a Ansa, la agencia de prensa italiana, sus abogados dijeron que él « no tiene nada que ver con los delitos » y estaba dispuesto a que se levantara su inmunidad parlamentaria.
Charles Tannock, un ex eurodiputado británico que redactó un informe sobre derechos humanos en 2013 que criticaba los abusos de Marruecos, dijo que no tenía ninguna sospecha de intentos de soborno marroquí, pero que Panzeri parecía estar constantemente tratando de suavizar las críticas a Rabat.
« Panzeri siempre fue educado y decía que solo quería asegurar relaciones decentes con los gobiernos de la región », dijo Tannock al FT. « Me quedé absolutamente asombrado cuando escuché sobre las acusaciones ».
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, visitó Marruecos la semana pasada y dijo que discutió las acusaciones con el gobierno marroquí.
« Obviamente, estamos preocupados por estos eventos que se han reportado en la prensa. Son perturbadores y las acusaciones son serias », dijo Borrell después de la reunión.
« La posición de la Unión Europea es clara: no puede haber impunidad para la corrupción, tolerancia cero para ella », agregó.
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, dijo después de reunirse con Borrell que la asociación de su país con la UE estaba bajo « acoso judicial continuo y ataques mediáticos repetidos… especialmente en el parlamento ».
Etiquetas : Moroccogate, Parlamento Europeo, corrupción, Marruecos, Sahara Occidental, Antonio Panzeri, Abderrahim Atmoun, Francesco Giorgi, Eva Kaïli, diplomacia parlamentaria, Comisión Parlamentaria Mixta,
Irene Fernández-Molina & Anna Khakee
Resumen
Este perfil examina la importancia institucional del ‘Moroccogate’, es decir, el presunto soborno marroquí de miembros del Parlamento Europeo, como un caso que arroja dudas sobre la supuesta aportación democrática y normativa de este organismo a la formulación de políticas exteriores de la UE. Colocamos el análisis en el contexto de la « parlamentarización » del triángulo UE-Marruecos-Sáhara Occidental y los mecanismos (para)institucionales de la influencia de Rabat en el PE. Mostramos que la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos, si bien se estableció como un instrumento regular de la diplomacia parlamentaria, terminó convirtiéndose en un conducto para conexiones y prácticas corruptas. En su funcionamiento real, esta estructura oficial se superpuso y convergió con el más informal y esquivo Grupo de Amistad UE-Marruecos, patrocinado por Rabat como medio de lobby parlamentario. Luego exploramos los efectos potenciales de este doble canal de influencia en las votaciones y misiones parlamentarias. Desde 2009, las votaciones relevantes del PE se han referido principalmente al consentimiento parlamentario a acuerdos de cooperación bilateral UE-Marruecos, como aquellos sobre pesca y comercio agrícola, que incluían el territorio del Sáhara Occidental, yendo así en contra de la jurisprudencia emergente del Tribunal de Justicia de la UE. Los vínculos entre el ‘Moroccogate’ y el grupo S&D pueden haber contribuido a la aprobación parlamentaria de estos acuerdos. En cuanto a la misión oficial del PE en 2018 al Sáhara Occidental antes de las votaciones, además de sus deficientes informes, estuvo sumida en la polémica porque su jefe estaba en la junta directiva de una fundación vinculada a Marruecos. En términos más generales, este escándalo de corrupción revela la tensión inherente a la combinación del PE de diplomacia parlamentaria y funciones de supervisión.
Introducción
¿Arroja el ‘Moroccogate’, es decir, el presunto soborno marroquí a miembros del Parlamento Europeo (MEP), alguna nueva luz sobre la toma de decisiones del Parlamento Europeo (PE) en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, especialmente desde que el papel parlamentario en la política exterior de la UE y las relaciones exteriores se ampliaron en 2009? Este perfil, basado en un análisis de las votaciones y misiones parlamentarias, así como de las actividades y miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-Marruecos y del Grupo de Amistad UE-Marruecos, muestra que el « Marruecogate » plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos de toma de decisiones.
Desde la década de 2000, el enfoque de la UE hacia el Sáhara Occidental ha evolucionado desde la evasión hasta una participación renuente y desigual. Este prolongado conflicto de descolonización y soberanía territorial ha definido las relaciones internacionales en y del Magreb durante más de seis décadas, atravesando cuatro fases distintas. El primero de ellos (1963-1975) fue el frustrado proceso de descolonización desencadenado por la designación por parte de la ONU del entonces llamado Sáhara Español como territorio no autónomo con derecho a la autodeterminación. Esto llevó al nacimiento del Frente Polisario como movimiento indígena de liberación nacional, a una ofensiva judicial-diplomática del vecino Marruecos para hacer valer su reclamo histórico sobre esta tierra, y a un giro de 180 grados español mediante el cual su control fue transferido irregularmente a Marruecos y Mauritania. Esto condujo a la segunda fase (1975-1991) marcada por una guerra abierta librada por el Frente Polisario contra la ocupación de Marruecos –junto con Mauritania durante los primeros cuatro años. Durante 1991-2020, el conflicto se congeló, cuando las dos partes aceptaron una declaración de alto el fuego y un Plan de Acuerdo de la ONU. Sin embargo, la implementación del referéndum de autodeterminación previsto por el Plan de la ONU quedó estancada debido a la retirada de Rabat. Los intentos posteriores de negociación también fracasaron. La etapa más reciente (2020-presente) ha sido una de reanudación de hostilidades de baja intensidad tras el colapso del alto el fuego de tres décadas y una desestabilización regional e internacional más amplia.
A lo largo de todos estos años, consolidar la autodenominada integridad territorial nacional de Marruecos mediante el reconocimiento internacional de la anexión de facto del Sáhara Occidental se ha destacado como la máxima prioridad y un determinante transversal de la política exterior de Rabat. Este objetivo se combinó con la aspiración de la elite marroquí de cultivar una relación cada vez más estrecha y especial con la UE, en un contexto de dependencia invariablemente alta del comercio, la ayuda y la inversión. Los dos roles rara vez chocaron entre sí hasta la última década.
En lo que respecta a la UE, ninguno de los acontecimientos descritos anteriormente le ha hecho abandonar su política minimalista de larga data sobre el Sáhara Occidental. La Comisión Europea, el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en principio se abstienen de adoptar posturas o medidas independientes en nombre de su estricto apoyo a las posiciones e iniciativas de las Naciones Unidas. Este es el mínimo común denominador entre los Estados miembros, algunos de los cuales tradicionalmente apoyan a Marruecos y otros están más cerca de las reivindicaciones saharauis. Se ve reforzado por la intratabilidad, el estatus congelado durante mucho tiempo y la baja prioridad del conflicto. En la práctica, sin embargo, las (no)políticas de la UE se han mantenido en gran medida sesgadas hacia el status quo y, por lo tanto, beneficiosas para los intereses de Marruecos. Además, han convergido en un trato consistentemente privilegiado hacia Rabat, como socio líder en los múltiples esquemas de cooperación bilaterales y multilaterales de la UE en el sur del Mediterráneo. Las explicaciones tradicionales para el firme alineamiento de la UE con Marruecos han incluido la orientación prooccidental de larga data de este país y su estabilidad interna en un vecindario impredecible, su cooperación indispensable en la contención de la migración, el antiterrorismo y otros asuntos de seguridad, y los intereses económicos como la amplia que abarcan la inversión extranjera directa europea en el país. Desde el año pasado, se puede añadir a la lista una Asociación Verde UE-Marruecos, la primera de este tipo que se concluye como parte del Pacto Verde de la UE. Sin embargo, estos intereses no son necesariamente superiores a los que vinculan a la UE con otros terceros países. Lo que marca la diferencia a la hora de apuntalar la posición ventajosa y la influencia de Rabat en Bruselas, según la literatura, ha sido el constante apoyo y la capacidad de Francia y España para dar forma a la formulación de políticas intergubernamentales relevantes de la UE, combinados con el tradicionalmente destacado activismo en política exterior proeuropea y el hábil lobby de Rabat.
Aún así, estas explicaciones no son tan convincentes cuando se trata del comportamiento del PE. Por lo general, el Parlamento es visto como un « actor moral », que a menudo se opone a la lógica más impregnada de Realpolitik del Consejo y la Comisión. Según una serie de sentencias y dictámenes jurídicos internacionales –incluidos los de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)–, los saharauis tienen el derecho internacional bastante firmemente de su lado. Por lo tanto, resulta algo desconcertante que la mayoría de los eurodiputados hayan guardado silencio o incluso hayan apoyado activamente las posiciones de Marruecos, especialmente en los últimos años.
En este perfil, exploramos si el ‘Moroccogate’ pudo haber jugado un papel en esto y en qué medida. El ‘Moroccogate’ es el presunto soborno marroquí a eurodiputados y otro personal del PE para promover sus intereses políticos. Salió a la luz a finales de 2022 junto con presuntos sobornos similares de Qatar y Mauritania. Hasta ahora ha provocado varias detenciones de eurodiputados y ayudas parlamentarias. Los investigadores belgas no se andan con rodeos: uno dijo que el principal sospechoso, el ex eurodiputado y gran partidario de Marruecos, Pier Antonio Panzeri, era « un peligro real para el equilibrio democrático » (citado en Stroobants,Citación 2022 ). En particular, el Ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, afirmó que la investigación policial incluía los « derechos de pesca » (citado en Bencharif,Citación 2022 ). Esto se entiende ampliamente como una referencia a la extensión del acuerdo de asociación pesquera entre la UE y Marruecos más allá de Marruecos hasta las aguas del Sáhara Occidental, lo cual es simbólica y estratégicamente importante para Marruecos, ya que se considera que reconoce de facto sus reclamos territoriales. Más allá de los acusados directamente hay una serie de eurodiputados que, si bien no son sospechosos de haber cometido delitos penales, han aceptado obsequios (incluidos viajes totalmente pagados) de las autoridades marroquíes, con pocos o ningún requisito exigible de presentación de informes, supervisión o posibles sanciones. Nueve eurodiputados informan haber recibido viajes gratuitos a Marruecos durante el período 2019-principios de 2023 (que cubre la pandemia de COVID-19), más que el número informado de viajes gratuitos a Qatar durante el mismo período (Transparencia Internacional UE, Citación2023a ). Dada la irregularidad de los informes, el número total de parlamentarios que han aceptado obsequios de las autoridades marroquíes probablemente sea mayor.
A continuación, exploramos los efectos potenciales del tráfico de influencias marroquí en el historial del PE en lo que respecta al Sáhara Occidental a través de un examen de la CPM UE-Marruecos y del Grupo de Amistad UE-Marruecos, sus actividades y membresía, así como las votaciones parlamentarias y misiones parlamentarias pertinentes (1). Concluimos revisando las medidas tomadas por el Parlamento a raíz del escándalo y discutiendo brevemente la supervisión parlamentaria de la política exterior y sus limitaciones en el contexto europeo.
La ‘parlamentarización’ del triángulo UE-Marruecos-Sáhara Occidental: antecedentes y mecanismos (para)institucionales
El PE ha sido durante mucho tiempo uno de los principales foros institucionales internacionales donde se ha desarrollado el conflicto del Sáhara Occidental. En Bruselas, por lo tanto, se destacó como una excepción a la deliberada falta de compromiso y al papel secundario de la UE ya en los años 1980. Luego se prestó atención a la antigua potencia colonial del territorio en disputa, la adhesión de España a la UE en 1986. Ese mismo año se formó un intergrupo del Parlamento Europeo sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, más de dos décadas después se cruzaría un umbral en la « parlamentarización » del triángulo UE-Marruecos-Sáhara Occidental como resultado de tres acontecimientos simultáneos. Cuando en 2008 se concedió a Marruecos el « Estatus Avanzado » en el contexto de la Política Europea de Vecindad, en 2010 siguió una CPM UE-Marruecos. Al mismo tiempo, el PE surgió como un objetivo crucial dentro de la nueva doble « política baja » del Frente Polisario. estrategia internacional, que se centró en las denuncias de violaciones de derechos humanos y explotación de recursos naturales por parte de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental bajo su control. En particular, los nacionalistas saharauis priorizaron la acción contra la inclusión de facto del Sáhara Occidental por parte de la UE en sus múltiples acuerdos de cooperación bilateral con Marruecos, combinando vías judiciales (TJUE) y parlamentarias. Finalmente, el Tratado de Lisboa de 2009 reforzó el papel del Parlamento al introducir el consentimiento parlamentario obligatorio para una gran parte de los acuerdos internacionales de la UE (es decir, los negociados en virtud del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE).
El mecanismo más antiguo relevante para nuestro debate es el Intergrupo del PE sobre el Sáhara Occidental. Los intergrupos no se consideran órganos parlamentarios oficiales, sino más bien foros para intercambios informales entre diferentes grupos políticos y con la sociedad civil. Se supone que son de naturaleza temática (más que geográfica). En este sentido, el intergrupo del Sáhara Occidental fue siempre una excepción (junto con el del Tíbet). De hecho, la razón de ser de estos dos intergrupos era contrarrestar el no reconocimiento de la condición de Estado por parte de la UE y de los Estados miembros de la UE en ambos casos, lo que impide cualquier tipo de relaciones diplomáticas formales, incluso a través de los canales diplomáticos parlamentarios oficiales. A pesar de su estatus jerárquico más bajo, el intergrupo ofrece ventajas significativas para los actores nacionalistas saharauis y sus partidarios. Permite reuniones y eventos en las instalaciones del PE (donde normalmente se unen a los eurodiputados representantes del Frente Polisario y organizaciones aliadas de la sociedad civil como Western Sahara Resource Watch (WSRW)), declaraciones o comunicados de prensa en nombre del intergrupo, utilizando así la El marco institucional del PE para la sensibilización. Entre los mandatos 2014-2019 y 2019-2024 del PE, hubo una disminución sustancial en el número de miembros del intergrupo (de 105 a 63 eurodiputados), así como una diversificación geográfica por la que el peso de los eurodiputados alemanes, italianos y españoles se volvió menos predominante. Políticamente, ha seguido dominado por los grupos Socialistas y Demócratas (S&D), La Izquierda y Los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) (Parlamento Europeo,Citación 2015 , Citación 2024 ).
Por otro lado, el primer mecanismo específico PE-Marruecos fue la CPM UE-Marruecos. Se trata de un foro interparlamentario oficial que tiene como objetivo reunir a una amplia gama de eurodiputados y parlamentarios marroquíes de todos los partidos. Trabaja bajo el paraguas de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe (DMAG), que combina responsabilidades de supervisión parlamentaria de las relaciones de la UE con esta región y coordinación del compromiso con sus homólogos parlamentarios magrebíes, a pesar de las posibles tensiones entre estos dos. roles. La CPM PE-Marruecos, que se reúne anualmente en Bruselas o Rabat, está compuesta actualmente por 26 miembros con copresidencia y paridad de representación (Parlamento Europeo). Su exclusivo método de trabajo por parejas ( binômes ), según el cual ‘un parlamentario marroquí y un eurodiputado trabajan juntos y producen una contribución conjunta sobre un aspecto de la asociación UE-Marruecos’, informa las recomendaciones de la CPM al Consejo de Asociación UE-Marruecos, es decir, el organismo a cargo del diálogo político bilateral a nivel ejecutivo en virtud del Acuerdo de Asociación de 1996. Además de publicar numerosos informes de este tipo, el sitio web del DMAG destaca que los binômes han « ayudado a forjar fuertes relaciones interpersonales entre los miembros » (Parlamento Europeo ; véase también Parlamento del Reino de Marruecos y Parlamento Europeo). En el contexto del ‘Marruecogate’, cabe destacar que los dos copresidentes de la CPM UE-Marruecos durante la mayor parte de los períodos 2010-2014 y 2014-2019, a saber, el presidente del DMAG, Panzeri, y el diputado marroquí Abderrahim Atmoun, son los dos actores clave en el centro del escándalo. Esto significa que lo que fue concebido como un instrumento típico de la diplomacia parlamentaria terminó convirtiéndose en un canal para lo que ahora parecen ser conexiones y prácticas menos legales.
Un año después del establecimiento de la CPM y en medio de campañas de lobby que precedieron a la votación de diciembre de 2011 sobre el protocolo de pesca UE-Marruecos (ver más abajo), Rabat impulsó aún más su presencia con la creación de un Grupo de Amistad UE-Marruecos. Encabezado por el eurodiputado francés Gilles Pargneaux, este grupo apareció como producto de una iniciativa claramente marroquí que buscaba influir informalmente en el legislador; es decir, como instrumento de lobby parlamentario. De manera algo similar a los intergrupos, los grupos de amistad, « a veces patrocinados por grupos de presión o gobiernos extranjeros, no son organizaciones oficiales del Parlamento Europeo ». Según el Parlamento, « si estos grupos viajan al extranjero, no tienen ningún estatus oficial […]. Estos grupos no se coordinan con las comisiones y no pueden hablar en nombre del Parlamento» (Parlamento Europeo). Sin embargo, si bien siempre ha existido una frontera teórica entre la diplomacia parlamentaria regular (es decir, la Delegación del Magreb, la CPM UE-Marruecos) y el lobby (es decir, el Grupo de Amistad UE-Marruecos), estas estructuras formales e informales a menudo han tendido a superponerse en la práctica. Un documento interno filtrado de 2014 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos indica que el Grupo de Amistad UE-Marruecos se había fijado el objetivo de « trabajar en el marco de la complementariedad » y hacer que sus miembros del PE « desarrollen iniciativas y enfoques conjuntos » con la CPM ( Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación). A los ojos de los actores prosaharauis, el problema era que el Grupo de Amistad UE-Marruecos estaba « apoderándose de la Delegación del Magreb » (entrevista del autor en Bruselas, agosto de 2016).
La composición del Grupo de Amistad UE-Marruecos combinaba dos características particulares: el papel dominante de Pargneaux, descrito por un colega eurodiputado del Grupo S&D en Twitter como « el lobbyista más descarado de Marruecos » (2) y la falta de claridad en cuanto a su composición más amplia, de la cual no hay un registro completo disponible públicamente. Una lista no oficial (para la legislatura 2009-2014) que circuló online a finales de 2022 incluía a 57 eurodiputados, la mayoría (34) de los cuales eran del grupo de centroderecha del Partido Popular Europeo (PPE), seguidos por 14 del S&D, 7 del Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y 2 de Los Verdes/ALE. En cuanto a los países de origen, los eurodiputados franceses constituían casi la mitad (26) del grupo, mientras que el resto procedía de España (9), Bélgica (8), Italia (4), Alemania (3) y otros (7) (Maghreb Online). El memorando marroquí filtrado revela las preocupaciones de Rabat respecto al equilibrio de los miembros del grupo de amistad: quería que fuera más representativo del conjunto de Estados miembros de la UE e incluyera a eurodiputados de los grupos políticos « más hostiles a Marruecos » (Ministère des Affaires Etrangères et de la Cooperación). Las principales actividades del grupo fueron las visitas periódicas a Marruecos y a lo que algunos de sus miembros llamaban el « Sáhara marroquí », coincidiendo con fechas clave de la agenda de Rabat (por ejemplo, las votaciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental (Africa Intelligence) y las sentencias del TJUE sobre los acuerdos UE-Marruecos (Le Matin). Los viajes, el alojamiento y los regalos eran a menudo pagados por Marruecos, como revelan recientes investigaciones periodísticas (Martinage). Además, el grupo organizó reuniones y eventos en la sede del PE en Bruselas, incluido uno al que asistió un presunto agente de inteligencia marroquí expulsado posteriormente de Bélgica en 2018 (Radio France) – y declaraciones publicadas, ya sea colectivamente o por el propio Pargneaux, sobre cuestiones relacionadas con las relaciones UE-Marruecos y el conflicto del Sáhara Occidental. Ejemplos de esto último incluyen varias cartas a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, publicadas en el sitio web del grupo de amistad (3).
Resoluciones no legislativas y votaciones de consentimiento del PE sobre Marruecos y el Sáhara Occidental
¿Cuáles eran los riesgos de todos estos mecanismos (para)institucionales? Durante sus primeros seis mandatos desde la introducción de las elecciones directas (1979-2009), el PE debatió y aprobó principalmente resoluciones no legislativas sobre el conflicto del Sáhara Occidental y sus dos partidos. Se referían principalmente a la situación de los derechos humanos tanto en el Sáhara Occidental como en el propio Marruecos, la liberalización política marroquí de la década de 1990 y los diversos pasos y obstáculos del proceso de paz liderado por la ONU. El mandato 1989-1994 fue el más prolífico. Por el contrario, a partir de 2009, vimos una marcada caída en el número de resoluciones no legislativas, así como un alejamiento temático del proceso de paz del Sáhara Occidental y las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La nueva atención se centró en los acuerdos de cooperación bilateral entre la UE y Marruecos, como los de pesca y comercio agrícola, que ahora estaban sujetos al consentimiento parlamentario. Las únicas excepciones a esta tendencia son la resolución de noviembre de 2010 que condena el desmantelamiento violento del campamento de protesta saharaui en Gdeim Izik por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, y las resoluciones más recientes « Sobre la violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el uso de de menores por parte de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria en Ceuta’ (junio de 2021) y ‘Sobre la situación de los periodistas en Marruecos, en particular el caso de Omar Rad’ (enero de 2023) (verFigura 1).
Figura 1. Número de resoluciones no legislativas del PE específicamente relacionadas con Marruecos y/o el Sáhara Occidental (según título).Fuentes: EUR-Lex.europa.eu, Centro de Estudos do Sahara Occidental da USC; elaboración propia de los autores.
Aparte de estas resoluciones –y algunas batallas de lobby, por ejemplo, en relación con las menciones del Sáhara Occidental y Marruecos en los Informes Anuales del PE sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo– , la mayor parte de la actividad parlamentaria relacionada con el conflicto desde 2009 ha girado en torno al consentimiento votos ellos mismos. El más tenso y trascendental de ellos fue la votación de diciembre de 2011 sobre el protocolo de extensión del acuerdo de asociación pesquera UE-Marruecos. El PE votó inesperadamente en contra de la continuación de este acuerdo, en vigor desde abril de 2007, objetando –junto con otras cuestiones económicas, financieras, medioambientales y de desarrollo– que incluía las aguas territoriales del Sáhara Occidental no autónomo sin haber garantizado su acceso directo. beneficios para todos los grupos de población locales afectados. Este estrecho rechazo parlamentario (296 votos a favor, 326 en contra, 58 abstenciones) se considera el resultado de una campaña de lobby sin precedentes por parte del Frente Polisario y WSRW. Un golpe para Marruecos, la Comisión y los Estados miembros afectados de la UE, como España, el movimiento nacionalista saharaui lo celebró como una victoria trascendental.
Sin embargo, tener al PE de su lado pronto parecería ser la excepción y no la regla. La situación cambió apenas dos meses después, en febrero de 2012, cuando el PE dio su consentimiento (369 votos a favor, 225 en contra, 31 abstenciones) a la celebración de un acuerdo comercial agrícola UE-Marruecos, aunque tampoco permitía una diferenciación de productos originarios del territorio del Sáhara Occidental. En diciembre de 2013 también se concedió el consentimiento (310 votos a favor, 204 en contra, 49 abstenciones) a una versión renegociada del protocolo de pesca UE-Marruecos que había abordado algunos de los fallos medioambientales y financieros percibidos de su predecesor, pero que no había cambiado hasta el momento. en lo que respecta a la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental. El notable cambio de sentido del PE entre las votaciones de diciembre de 2011, por un lado, y las de febrero de 2012 y diciembre de 2013, por el otro, se atribuyó a la exitosa reacción y movilización del lobby parlamentario de Marruecos, que convergió con los intereses de los miembros de la UE. instituciones ejecutivas. Sin embargo, en retrospectiva, el escándalo del ‘Moroccogate’ plantea dudas sobre si la corrupción también podría haber influido. En particular, la red de sobornos denunciada y el tráfico de influencias implican a eurodiputados del Grupo S&D como Panzeri y Pargneaux quienes presumiblemente, dados sus roles (para)institucionales descritos en la sección anterior, podrían haber ejercido cierta influencia sobre sus colegas eurodiputados. El Grupo S&D fue estratégico dado su tamaño, su división interna y su anterior comportamiento oscilante en las votaciones relacionadas con Marruecos y el Sáhara Occidental.
Las siguientes dos importantes votaciones de consentimiento del PE, en enero y febrero de 2019, marcaron el cierre de una crisis diplomática de tres años entre Bruselas y Rabat. Las tensiones fueron desencadenadas por las sentencias históricas del TJUE sobre el acuerdo comercial agrícola UE-Marruecos (diciembre de 2015 y diciembre de 2016) y el acuerdo de asociación pesquera (febrero y julio de 2018). Los casos fueron llevados ante los tribunales por el Frente Polisario a raíz del consentimiento del PE a estos acuerdos en 2012 y 2013. Las sentencias establecieron que el Sáhara Occidental tiene un « estatus separado y distinto » como territorio no autónomo y, por tanto, el pueblo del Sáhara Occidental debe ser considerado como un « tercero » al que debe solicitarse el consentimiento antes de cualquier acuerdo UE-Marruecos. acuerdo podría incluir el territorio (Tribunal de Justicia de la UE,2016, 2018 ).
Sin embargo, a pesar de esta jurisprudencia acumulada, la Comisión Europea y el Consejo se resistieron a adoptar una norma de diferenciación territorial. En cambio, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llevaron a cabo una serie de consultas con las partes interesadas del Sáhara Occidental controlado por Marruecos como una solución alternativa para seguir incluyendo el territorio en los acuerdos revisados entre la UE y Marruecos, afirmando así cumplir con los criterios del TJUE de ‘ « consentimiento » de su pueblo. Las controversias relativas a este proceso (que se describen con más detalle en la siguiente sección) no impidieron que el PE diera su consentimiento a los dos acuerdos renegociados, y esta vez por mayorías abrumadoras (444 votos a favor, 167 en contra, 68 abstenciones para el acuerdo comercial agrícola). ; 415 votos a favor, 189 en contra, 49 abstenciones para el de pesca). El hecho de que el TJUE nuevamente anulara estos acuerdos en septiembre de 2021, concluyendo que las consultas “no pueden considerarse que hayan obtenido el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental” (Tribunal de Justicia de la UE,2021 ), pone en duda la solidez de las recientes revisiones parlamentarias del PE. Por ejemplo, en vísperas de las votaciones plenarias de enero y febrero de 2019, Pargneaux afirmó que el Grupo de Amistad UE-Marruecos había desempeñado « un papel clave en el éxito » de todas las votaciones del comité preparatorio (Maroc Diplomatique, 2018 ).
Misiones parlamentarias oficiales
En los últimos años, una delegación de una comisión del Parlamento Europeo realizó una misión al Sáhara Occidental, a principios del otoño de 2018. Esta misión fue importante, ya que se produjo inmediatamente después de las sentencias del TJUE de 2015-16 y 2018. Como ya se explicó, la Comisión Europea intentó ir más allá de las sentencias obteniendo el consentimiento saharaui a los acuerdos de pesca y agricultura. La misión al Sáhara Occidental de la Comisión de Comercio Internacional del PE formó parte del proceso de aprobación de los acuerdos revisados por parte del Parlamento. La misión de dos días estuvo encabezada por la eurodiputada liberal francesa Patricia Lalonde, mientras que los otros dos miembros fueron la finlandesa Heidi Hautala (Verdes/ALE) y la italiana Tiziana Beghin (Europa de la Libertad y la Democracia Directa [EFDD], euroescéptica) (Parlamento Europeo, 2018a ).
La calidad del informe de misión resultante sólo puede calificarse de baja. Si el objetivo principal era consultar a los saharauis, razonablemente se podrían haber esperado tres partes: una discusión sobre quién puede ser considerado saharaui y representante de los saharauis; un esfuerzo por centrarse en los debates con estos actores saharauis, y una evaluación del informe de misión anterior de la Comisión y el SEAE (Comisión Europea, 2018), dado que el Parlamento debía ratificar la propuesta de la Comisión. Para agregar peso a sus hallazgos, también se habrían esperado algunos detalles sobre cómo se seleccionaron y organizaron los interlocutores, los sitios y los puntos del programa. Pero poco de esto se incluyó en el informe. Simplemente se tomó la palabra de cada interlocutor sobre si eran originarios del Sáhara Occidental o no. « Saharaui » y « local » se utilizaron aparentemente indistintamente, evitando el espinoso tema de la importante migración desde Marruecos al territorio desde el estallido del conflicto. No se describe el proceso detrás de la visita, sus organizadores, etc. ni cómo esto puede explicar el tiempo asignado a los diferentes interlocutores, incluidos los representantes del Estado marroquí y la Cámara de Comercio francesa. Sorprendentemente, no hubo ningún intento de consultar al representante del pueblo del Sáhara Occidental reconocido por la ONU, el Frente Polisario. Finalmente, el único guiño al informe de la misión del SEAE y la Comisión sobre el Sáhara Occidental fue afirmar que el informe del PE « complementa » sus conclusiones.
Esto implica que no hubo ningún escrutinio parlamentario de la calidad igualmente cuestionable y la naturaleza tendenciosa del informe SEAE/Comisión: su selectividad de las fuentes (se proporcionaron fuentes limitadas o ninguna para algunas de las estadísticas y la mayoría de las fuentes existentes procedían de las autoridades marroquíes); su falta de información sobre las estructuras de propiedad de las empresas agrícolas o pesqueras del territorio; eludir la cuestión de la sostenibilidad del sector pesquero a pesar de que éste era uno de los principales objetivos declarados del informe; y la peculiaridad de la « triple » consulta, una parte de la cual fue llevada a cabo por el gobierno marroquí « bajo sus propias reglas institucionales » (Comisión Europea, 2018 , pág. 28). De hecho, los servicios jurídicos del Parlamento (que fueron consultados como parte del proceso de aprobación) fueron más críticos con el informe del SEAE y la Comisión que la comisión del PE, concluyendo en un informe filtrado que « parecía difícil confirmar con un alto « grado de certeza » de que se cumplió el requisito del TJUE de obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, dado que el Frente Polisario había expresado una opinión negativa (Parlamento Europeo, 2018b , punto 26).
En un artículo de opinión, un Hautala claramente frustrado (2018 ) da detalles sobre la fuerte participación marroquí en todo el proceso de « consulta del PE con los saharauis », y concluye que la UE « necesita respetar los principios del derecho internacional en lugar de firmar acuerdos que violan claramente el Estado de derecho ». […]. Está en juego nuestra reputación y el destino de un pueblo”. Ella predijo (correctamente como resultó) que el TJUE « muy probablemente anularía » cualquier nuevo acuerdo.
En ese momento comenzaron a surgir preguntas sobre el jefe de la misión, el eurodiputado Lalonde. Al parecer, ella y el mencionado Pargneaux formaban parte del consejo directivo de una fundación llamada EuroMedA. EuroMedA, que no figura en el registro de lobby de la UE, fue inicialmente albergado por la firma de lobby Hill+Knowlton Strategies, de la cual el Estado marroquí era un cliente importante. Además, la junta directiva de EuroMedA también incluía a importantes personalidades políticas marroquíes (por ejemplo, el vicepresidente de EuroMedA era el ministro marroquí Salaheddine Mezouar, que llevaba mucho tiempo en el cargo) (Nielsen, 2018a ). Según los informes, los miembros de la junta no recibieron pago. En diciembre de 2018, se inició una investigación interna contra Lalonde y otros tres eurodiputados (Pargneaux, la centroderecha rumana Romona Manescu y el liberal belga Frederique Ries) por posibles violaciones del Código de Conducta del PE, según el cual los eurodiputados deben declarar conflictos de intereses. si es propuesto como relator, o « antes de hablar o votar en el pleno o en uno de los órganos del Parlamento », independientemente de « si la membresía o actividad en cuestión es remunerada o no » (Nielsen,2018b). Posteriormente, Lalonde dimitió como relator del PE sobre el acuerdo comercial agrícola revisado. Sin embargo, la votación se llevó a cabo según lo previsto a principios de 2019. En un giro final, los líderes de los grupos de partidos políticos decidieron que no se celebraría ningún debate parlamentario público sobre el tema antes de la votación. Un año después, la conclusión de la investigación ética sobre Lalonde y sus colegas no se había hecho pública. El Secretario General del PE, Klaus Welle, denegó una solicitud de libertad de información, afirmando que una divulgación « socavaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución » (citado en Nielsen, 2019 ).
Respuestas del PE al escándalo del ‘Moroccogate’
Después del apasionado grito del corazón de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola: “No habrá impunidad. […] No se barrerá debajo de la alfombra. […] No habrá nada como de costumbre. […] Vamos a sacudir este Parlamento y esta ciudad’ (citado en Transparencia Internacional UE, 2023b ) – la acción parlamentaria posterior ha sido desigual, particularmente en lo que respecta a la conexión marroquí. Marruecos no fue incluido en la resolución inicial del PE como reacción al escándalo; una enmienda propuesta para mencionar al país junto a Qatar fue rechazada por la mayoría de los eurodiputados.
Metsola presentó rápidamente un plan de reforma de 14 puntos, que fue aprobado formalmente por la Conferencia de Presidentes a principios de febrero de 2023. Muchos puntos eran particularmente relevantes para el ‘Marroccogate’, como las propuestas de un ‘período de reflexión’ de hasta dos años para los ex eurodiputados antes de que puedan ejercer presión sobre sus antiguos colegas, registro obligatorio para todos los lobistas del PE, prohibición parcial de grupos de amistad con terceros países y declaraciones obligatorias para los eurodiputados, asistentes parlamentarios y funcionarios del PE sobre las reuniones programadas con todo interés, terceros partido y representantes diplomáticos. No todos fueron tenidos en cuenta por el PE en el texto votado en septiembre de 2023, y el resultado se considera en general heterogéneo. Algunas normas nuevas, como el requisito de declarar más información sobre actividades remuneradas, registrar más reuniones celebradas con diplomáticos y representantes interesados (que en adelante deberán registrarse) y definiciones más claras de conflictos de intereses, son claramente relevantes para evitar que se repitan los conflictos. ‘Marruecos’. Otros, incluido el período de reflexión bastante corto de seis meses y el hecho de que todavía se permitirá operar a agrupaciones no oficiales (aunque bajo reglas más estrictas), lo son menos. El hecho de que a los eurodiputados se les siga permitiendo realizar actividades paralelas remuneradas con organizaciones inscritas en el registro de lobby de la UE es potencialmente problemático, y su aplicación sigue siendo un importante desafío general.
El S&D, sacudido por el hecho de que los principales sospechosos eran de su grupo político, hizo algo que el Parlamento no ha hecho hasta ahora: inició una investigación. Sus hallazgos preliminares se han hecho públicos (Garitte et al., 2023 ). Las deficiencias identificadas por los expertos –en las normas existentes, su aplicación y cumplimiento, y otras medidas, incluidos los procedimientos internos del S&D– ocupan cinco páginas de texto muy compacto. Sin embargo, la investigación no cubre el fondo de las decisiones votadas por el grupo S&D y sus miembros individuales, y el informe menciona a Marruecos sólo dos veces.
En términos más generales, existe la preocupación de que el PE esté dejando atrás la cuestión mientras se prepara para las elecciones de 2024, y de que el nuevo parlamento no continúe con las reformas. La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, ha sido notablemente crítica con las medidas hasta el momento, destacando que no van lo suficientemente lejos, ni para evitar un lobby indebido ni para revertir la confianza de los votantes en el Parlamento y, por extensión, en las instituciones democráticas en general (Connelly, 2023). En conjunto, esto significa que hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación sobre cómo el escándalo pudo haber afectado a las decisiones parlamentarias individuales. Hasta ahora han sido desoídos los llamamientos de algunos sectores para una revisión retrospectiva de la reciente actividad legislativa del Parlamento Europeo que involucra intereses marroquíes.
¿Qué nos dice entonces el ‘Moroccogate’ sobre la participación del PE en la formulación de la política exterior de la UE, o la ‘acción exterior’ como se la denomina más comúnmente? La participación parlamentaria –tanto en términos de toma de decisiones como de control del poder ejecutivo– se considera en general positiva. Se supone que debe mejorar la legitimidad y la rendición de cuentas democráticas, y evitar el secretismo y el dominio del poder ejecutivo en la formulación de la política exterior. En el contexto de la UE, la supervisión parlamentaria puede considerarse particularmente importante, ya que los Estados europeos han dejado algunas partes clave de su agenda de política exterior –en particular el comercio– a las instituciones de la UE. También en algunas otras áreas políticas las políticas de los Estados miembros tienden a seguir la línea de la UE. La UE, obviamente, es un actor de peso en el ámbito internacional. Esta es la razón por la que la ampliación del papel del PE a lo largo de los años ha sido aclamada como un paso crucial hacia la reducción del « déficit democrático » de las instituciones de la UE.
Es importante subrayar que el ‘Marroccogate’ es sin duda un caso extremo: después de todo, condujo a una acción judicial sin precedentes y a la retirada de la inmunidad parlamentaria de algunos eurodiputados clave. Por lo tanto, debemos tener cuidado al extraer conclusiones generales sobre la toma de decisiones del PE en este caso particular. Al mismo tiempo, está claro que no es único: como atestiguan los diversos comités especiales del PE sobre interferencia extranjera en los procesos democráticos de la UE, el PE estaba preocupado por la integridad de sus procesos de toma de decisiones incluso antes de que estallara este escándalo.
Lo que parece claro es que existe una tensión inherente en el papel híbrido del PE: su muy activa diplomacia parlamentaria combinada con su papel de supervisión. Además, es evidente que los grupos políticos no tienen la misma cohesión o disciplina interna que muchos partidos parlamentarios nacionales. Los comportamientos corruptos, que a nivel nacional provocarían escándalos y expulsiones, siguen pasando desapercibidos dada la distancia entre Bruselas y los medios de comunicación nacionales. Lo más fundamental es que la combinación de oportunidades relativamente abundantes para la corrupción con elementos disuasorios insuficientes en términos de auditorías, controles y sanciones significa que los eurodiputados con estándares morales más débiles y poco sentido del deber público se verán tentados a actuar de manera poco ética y, a veces, incluso contraviniendo la ley. .
Declaración de divulgación
Los autores no informaron ningún posible conflicto de intereses.
Declaración de corrección
Este artículo ha sido corregido con cambios menores. Estos cambios no afectan el contenido académico del artículo.
Notas
1. Cabe destacar que en todos los casos la presunción de inocencia sigue siendo clave y que las investigaciones aún están en curso.
Centro de Estudios del Sahara Occidental de la USC. (Dakota del Norte). Resoluciones del parlamento europeo sobre el Sáhara Occidental, Centro de Estudos do Sahara Occidental . Universidad de Santiago de Compostela. https://www.usc.es/institutos/ceso/UE-parl-res.htmlGoogle Académico
Comisión Europea. (2018) Informe sobre los beneficios para el pueblo del Sáhara Occidental y consulta pública sobre la ampliación de las preferencias arancelarias a los productos del Sáhara Occidental: Informe conjunto de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior, 5 de junio, SWD(2018) 346 final/2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0346R(01 )Google Académico
Transparencia Internacional UE. (2023a, 15 de febrero). Los archivos gratuitos, o cómo Qatargate desencadenó entre los eurodiputados un nuevo amor por la transparencia en materia de viajes. https://transparency.eu/the-freebie-files/ .Google Académico
Etiquettes : Qatargate, Marocgate, Eva Kaïli, Parlement Européen, corruption, Francesco Giorgi, Antonio Panzeri,
La justice belge aperçoit « un risque grave » de récidive chez la vice-présidente du Parlement européen.
L’ancienne vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, est désormais en liberté après que le juge de première instance Michel Claise a levé son assignation à résidence qui était en vigueur depuis décembre 2023, et lui a retiré le bracelet électronique de contrôle qui surveillait sa présence dans sa résidence en Belgique. Cependant, le magistrat chargé de l’affaire Qatargate, qui enquête sur les présumés pots-de-vin versés à des politiciens européens et à leur entourage par le Maroc et le Qatar, lui a imposé plusieurs conditions spécifiques, dont l’une est particulièrement remarquable, confirmée par NIUS : celle de ne pas parler à la presse concernant l’affaire, ou plus précisément, de ne pas envoyer de messages à d’autres accusés par l’intermédiaire des médias.
Selon le magistrat, il existe de « graves indices de culpabilité » pesant sur l’ancienne vice-présidente de la chambre, membre des socialistes européens. En effet, Kaili est soupçonnée de crimes de corruption, d’organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Selon le juge Claise, si Kaili était libérée « sans les mesures appropriées », il y aurait de « sérieuses raisons de penser qu’elle récidiverait dans ses actes criminels ». Cependant, l’ordonnance ne mentionne pas que l’eurodéputée grecque a été destituée de son poste après son arrestation, ce qui limite considérablement son influence sur le Parlement européen.
Quoi qu’il en soit, le juge énonce six mesures que Kaili doit respecter si elle souhaite sortir de son assignation à résidence et que le bracelet lui soit retiré. Certaines mesures sont évidentes, comme permettre aux techniciens de la justice belge d’accéder à son domicile pour retirer les dispositifs électroniques de surveillance. Cependant, une mesure en particulier attire l’attention : le point cinq, selon les informations obtenues par NIUS, dans lequel le juge de première instance lui interdit d’entrer en contact avec les autres personnes impliquées dans le complot, parmi lesquelles il convient de rappeler son compagnon, qui a déjà avoué les faits à la police belge, ainsi que son père.
Cependant, cette interdiction va au-delà de l’aspect personnel, et le juge précise par écrit qu’elle ne pourra pas non plus communiquer avec les autres accusés « par le biais de la presse ». Cela signifie concrètement que l’ancienne vice-présidente du Parlement européen ne pourra pas parler des médias de cette affaire, car tout message public exprimé par Eva Kaili pourrait être interprété comme une communication codée ou un message indirect à l’intention des autres personnes mises en cause. En effet, l’ancienne parlementaire européenne a accordé des entrevues cette semaine au journal français Libération et au journal El Mundo où elle parlait directement de cette procédure.
Pendant ce temps, la justice belge poursuit ses enquêtes pour déterminer si Eva Kaili faisait partie de l’organisation qui percevait des sommes d’argent considérables du Maroc ou du Qatar afin d’influer illégitimement sur les décisions politiques de l’Union européenne. De son côté, elle a toujours nié les accusations, et son partenaire a essayé de la tenir à l’écart de ces manigances. Dans ses dernières déclarations publiques, la députée grecque a maintenu qu’elle n’était pas au courant des malversations de son mari car il les effectuait pendant qu’il parlait italien.
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L’eurodéputée grecque Eva Kaili, impliquée dans le scandale du « Qatargate », prévoit de reprendre ses fonctions la semaine prochaine, suite à l’autorisation de retirer son bracelet électronique jeudi, a déclaré vendredi son avocat.
« La semaine prochaine, elle sera au Parlement européen pour exercer ses fonctions », a affirmé l’avocat grec d’Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, à la chaîne de télévision grecque Skaï. Elle demandera également au Parlement de déterminer si sa surveillance, son arrestation et son incarcération ont violé ses droits en tant que députée européenne, a ajouté Michalis Dimitrakopoulos.
La justice belge a autorisé jeudi l’ancienne journaliste de 44 ans à retirer son bracelet électronique et l’a libérée de son assignation à résidence dans l’attente de son procès pour corruption. Ancienne étoile montante du Parlement européen, Eva Kaili a été déchue de sa fonction de vice-présidente et exclue de son groupe au parlement des Socialistes et Démocrates (S&D). Arrêtée en décembre dans la capitale belge lors d’une vague de perquisitions, Eva Kaili avait été libérée de prison à la mi-avril, mais assignée à résidence sous bracelet électronique. Elle nie toutes les accusations.
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Le scandale du Qatargate a englouti toutes les institutions européennes, tant que le Parlement européen ne cesse de publier de nouvelles informations sur des personnalités politiques célèbres ayant bénéficié de diverses faveurs des autorités du Qatar et du Maroc, et tandis que la Commission européenne contrôle tous les déplacements effectués vers le deux états aux fonctionnaires de tous les ministères.
Ainsi, selon un article publié par Euractiv.com, la députée européenne, Marie Arena (membre de l’Alliance des socialistes et démocrates au Parlement européen), ancienne présidente de la sous-commission DROI, a bénéficié – de la part des autorités de Rabat – en 2015 de un séjour dans un hôtel de luxe au Maroc en compagnie de l’ancien eurodéputé italien Antonio Panzeri, celui qui a monté le réseau de corruption révélé par le scandale du Qatargate.
Cependant, Panzeri a déclaré aux procureurs que Marie Arena ne savait pas que tout le voyage avait été payé par les autorités marocaines.
« En 2015, il y a eu un voyage avec Marie Arena. Elle m’a accompagné pendant deux ou trois jours à l’hôtel La Mamounia, où j’ai eu des rencontres avec la communauté sahraouie locale », a déclaré Antonio Panzeri lors d’une audition, cité par le quotidien Le Soir. et La Repubblica.
La Communauté sahraouie, également connue sous le nom de République arabe démocratique, est un État partiellement reconnu qui revendique la souveraineté sur le territoire contesté du Sahara occidental.
« Marie Arena pense probablement que c’est moi qui l’ai invitée, mais en fait l’ambassadeur du Maroc Abderrahim Atmoun s’est occupé de tout », a déclaré Panzeri, qui a refusé de dire si Atmoun couvrait les dépenses des deux eurodéputés sur fonds propres ou sur fonds propres. l’Etat marocain.
Contactée par Le Soir à propos de ce voyage de 2015, Marie Arena s’est refusée à tout commentaire.
Selon une note déclassifiée de la Sûreté de l’Etat belge, qui a été remise à l’enquête judiciaire menée à Bruxelles, Atmoun a reçu des ordres dans cette opération d’un certain « Mohamed B. », agent secret présumé de la DGED (service secret marocain ) comme il le prétend Soiree.
Concernant les services secrets marocains et la visite du Maroc, Panzeri a déclaré: « Je l’ai découvert parce que ma clé d’hôtel était dans une poche avec le nom de la réservation dessus. C’était quelqu’un de la DGED. C’est là que j’ai compris. »
Cependant, les sources citées affirment qu’il existe des preuves circonstancielles qui prouvent que Marie Arena n’ignorait pas certaines activités en lien avec le Maroc et le Qatar. Lors d’un appel téléphonique sur écoute peu après une réunion de la sous-commission DROI du Parlement européen avec le ministre du Travail qatari Ali bin Saikh Al Marri le 14 novembre, Panzeri a remercié Marie Arena pour ses interventions et a déclaré que le ministre était « satisfait » de l’ensemble de la procédure.
• Vols « gratuits » pour un directeur de la Commission européenne Pendant ce temps, la Commission européenne mène une enquête interne pour savoir si son haut responsable des transports a enfreint les règles de l’UE lorsqu’il a effectué des vols gratuits vers le Qatar.
Un porte-parole de la Commission a annoncé lundi lors d’un point de presse qu’elle examinait si Henrik Hololei, le directeur général du département des transports, avait enfreint les règles de l’UE sur les conflits d’intérêts.
Hololei aurait accepté des vols gratuits du gouvernement qatari pendant que son équipe négociait un important contrat d’aviation vital pour la compagnie aérienne de l’État du Golfe, affirme Politico.eu.
Le responsable estonien a volé gratuitement en classe affaires sur Qatar Airways à neuf reprises entre 2015 et 2021, selon les précisions obtenues par la source citée. Six des vols gratuits ont eu lieu pendant l’accord d’accès au marché européen de la compagnie, et quatre d’entre eux ont été payés par le gouvernement qatari ou un groupe ayant des liens avec des responsables qatariens, ce qui a incité Hololei à être accusé de conflit d’intérêts.
La commission n’a pas indiqué quelles mesures elle pourrait prendre si Hololei est reconnu coupable, mais le porte-parole a précisé que les sanctions dépendront des conclusions de l’enquête et seront conformes au statut du personnel des institutions européennes. Dans le cadre de ces procédures, s’il existe des preuves d’une violation des règlements, les sanctions vont d’un avertissement écrit à la révocation du fonctionnaire de son poste et à une réduction de la pension.
Suite à la divulgation de cette affaire, la Commission européenne a établi que, désormais, les directeurs généraux ne peuvent autoriser et effectuer que des voyages payés par les autorités des pays de l’UE ou par des organisations internationales telles que les Nations unies ou le G7, ou publiques et privées. universités lorsque le voyage est à des fins académiques. De plus, les directeurs généraux devront consulter le commissaire européen auquel ils sont subordonnés ou ses chefs de cabinet, afin d’approuver les dépenses pour les missions qui sont effectuées en dehors de l’Union européenne.
• Financement de pays tiers, à vue En plus de tout ce qui précède, les journalistes de Politico montrent également que les institutions européennes travaillent sur un projet de directive qui obligerait les organisations non gouvernementales, les cabinets de conseil et les institutions universitaires à divulguer tout financement provenant de l’extérieur de l’UE. La législation envisagée serait similaire aux actes normatifs existants uniquement en Australie et aux États-Unis. Aux États-Unis, la loi sur l’enregistrement des agents étrangers exigeait que les lobbyistes travaillant pour le compte de gouvernements étrangers s’enregistrent auprès du gouvernement fédéral.
Il est peu probable que la version de l’UE cible les particuliers, mais elle obligerait les organisations commerciales et à but non lucratif des États membres à divulguer les financements non européens sur diverses transactions, telles que le paiement d’études universitaires, a déclaré un responsable à la source de la Commission européenne.
Un tel projet serait nécessaire, selon les responsables de la Commission, car l’UE a récemment été confrontée à une série d’opérations d’influence étrangère – des campagnes russes de piratage et de fuite visant à modifier les résultats des élections aux subventions chinoises aux universités qui visent à façonner la rhétorique sur droits de l’homme et, plus récemment, la corruption au Qatargate.
Cependant, les détracteurs d’un tel projet estiment que le moment choisi n’est pas propice à une telle initiative. En fait, la Commission européenne travaille sur un tel projet législatif, tout comme la Géorgie a été secouée par des protestations contre un projet de loi similaire qui aurait obligé les organisations non gouvernementales à s’enregistrer comme « agents d’influence étrangère » si plus de 20% de leur financement serait venu de l’étranger. Suite aux protestations, le projet en question a été retiré par les autorités géorgiennes.
« C’est évidemment une question sensible. Nous en sommes encore aux premiers stades de la collecte d’informations auprès d’un large éventail de parties prenantes pour nous assurer que nous adoptons la bonne approche », a déclaré un responsable de la Commission à la source, qui a précisé que les organisations non- les organisations gouvernementales ont reçu un questionnaire préliminaire, sur la base duquel une évaluation d’impact sera réalisée fin avril.
Selon une copie de l’enquête vue par la source citée, les répondants sont déjà invités à détailler leurs sources de financement non européennes, une question qui a surpris de nombreux représentants d’ONG, selon Nick Aiossa, responsable des politiques et du plaidoyer de Transparency International.
De plus, certaines organisations non gouvernementales ont exprimé leur inquiétude quant au fait que si l’Europe adopte sa propre version de la « loi sur l’enregistrement des influenceurs étrangers », cela pourrait être une raison pour des dirigeants autocratiques tels que le Premier ministre hongrois Viktor Orban de passer à la répression de la démocratie. forces dans leur pays.
Pour calmer les esprits, Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission européenne, a indiqué qu’elle organisera une série de rencontres avec des représentants de la société civile de l’Union européenne dans les prochains jours.
Il est certain que Bruxelles a été ébranlée par le scandale du Qatargate, les institutions européennes tentent de prendre des mesures de protection, mais certaines d’entre elles sont à la limite inférieure de la démocratie.
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Bruxelles – Alors que la cour d’appel de Naples a décidé de surseoir pour la troisième fois à la décision d’extradition de l’eurodéputé Andrea Cozzolino vers la Belgique , le tribunal de Bruxelles a confirmé le juge qui l’accusait de « participation à organisation criminelle, corruption et blanchiment d’argent » et qui avait demandé sa livraison, Michel Claise .
Cozzolino, assigné à résidence depuis le 11 février dernier , s’est présenté ce matin vers 11 heures à la section des mesures de prévention de la cour d’appel de la capitale Campanie, accompagné des avocats Federico Conte et Dezio Ferraro : après avoir accepté les demandes des avocats, les juges ont ordonné une nouvelle audience le 11 avril . Les demandes présentées par les avocats de l’eurodéputé portent sur la validité du mandat d’arrêt international, le rôle présumé des services secrets dans les enquêtes et les conditions des prisons belges, qui selon les avocats sont incompatibles avec les conditions de santé de Cozzolino, qui souffre du cardiaque.
En attendant, le juge d’instruction Michel Claise revient à son poste : la demande de récusation déposée par l’avocat de l’autre député européen mis en cause, le Belge Marc Tarabella, a été jugée par la Cour d’appel de Bruxelles « recevable mais non fondée », comme le rapporte le journal Le Soir . Selon l’avocat de l’eurodéputé socialiste, Maxim Töller, la présomption d’innocence envers son client aurait disparu. Mais Claise avait rejeté la demande, transmise le 16 février, et attendu jusqu’à aujourd’hui pour pouvoir revenir à la tête de l’enquête baptisée Qatargate.
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La Cour de cassation a rejeté mercredi les appels interjetés par l’ancienne vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et l’eurodéputé belge Marc Tarabella contre la décision de la chambre des mises en accusation bruxelloise de les maintenir en détention préventive dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de corruption au Parlement européen.
Le parquet fédéral mène depuis plusieurs mois une enquête à grande échelle sur des tentatives du Qatar d’influencer les prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen. Cet État du Moyen-Orient aurait versé d’importantes sommes d’argent ou offert des cadeaux substantiels à des personnes occupant une position politique ou stratégique au sein et autour de l’hémicycle européen. Le Maroc est également apparu dans l’enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun.
Les deux pays auraient tenté de peser sur les décisions européennes par l’entremise de l’Italien Pier Antonio Panzeri, un ex-eurodéputé, et son ONG Fight Impunity.
Eva Kaili a été placée sous mandat d’arrêt le 11 décembre et Marc Tarabella le 10 février. Le 3 mars, la chambre des mises en accusation avait décidé de prolonger leur détention, confirmant une décision de la chambre du conseil quelques jours plus tôt. Une décision contre laquelle tous deux avaient ensuite introduit un pourvoi en cassation. L’ex-vice-présidente du Parlement européen n’avait pas apporté d’argument supplémentaire, tandis que la défense de Marc Tarabella en avait souligné quatre nouveaux.
Dans les deux dossiers, la Cour de cassation a toutefois suivi le ministère public et rejeté les appels.
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Bruxelles n’a pas le droit de sermonner une nation sur la corruption.
L’UE est toujours secouée par l’énorme scandale de corruption sur les relations louches entre les technocrates de l’UE et l’État pétrolier du Qatar. Tant et si bien que Cristiano Sebastiani, le chef du syndicat R&D des fonctionnaires européens, a admis que la bureaucratie européenne est « maintenant dans une situation très critique en ce qui concerne [sa] crédibilité ».
Sebastiani a raison de s’inquiéter de l’impact du scandale du Qatargate en cours. Il se passe à peine une semaine sans qu’un autre politicien de l’UE ne soit aspiré dedans. Le dernier eurocrate à l’honneur est Henrik Hololei , le directeur général estonien du département de la mobilité et des transports de la Commission européenne. Il est apparu le mois dernier que Hololei avait pris des vols en classe affaires vers le Qatar, payés par le gouvernement qatari, à neuf reprises entre 2015 et 2021. Ce n’étaient pas non plus des cadeaux aléatoires. Les vols ont eu lieu alors que l’UE négociait un accord aérien avec le Qatar, qui a été signé en 2021.
Ce qui est peut-être le plus scandaleux ici, ce sont moins les actions d’un seul eurocrate que la réponse de l’UE à leur égard. Depuis la révélation du scandale, la Commission européenne a défendu la décision de Hololei d’accepter les vols gratuits de Qatar Airways, affirmant qu’ils étaient « autorisés et effectués conformément aux règles applicables ». Les conflits d’intérêts potentiels avaient apparemment été « soigneusement examinés et exclus » à l’époque. Selon la Commission, la visite de Hololei au Qatar ne faisait pas partie des négociations UE-Qatar sur le transport aérien, et il « n’a jamais fait partie » du groupe négociant l’accord.
Cette affirmation dépasse l’entendement. Hololei est directeur général du département des transports de la Commission depuis 2015, lorsque l’UE a entamé des négociations avec le Qatar. Son équipe menait les négociations.
En effet, le bilan de Hololei suggère que quelqu’un est loin d’être indifférent aux négociations avec le Qatar. À de nombreuses reprises, il a loué et promu la collaboration avec le Qatar. En février 2019, il a publiquement célébré « l’engagement honnête et le dialogue ouvert » en cours entre le Qatar et l’UE. En juin de cette année-là, il a rencontré le ministre qatarien des Transports, Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti , à Paris pour discuter, comme l’a dit l’État qatari, des moyens de « renforcer les relations Qatar-Commission européenne dans les domaines de l’aviation civile et des transports ».
Ces rencontres entre Hololei et Al-Sulaiti n’étaient pas sans conséquence. Et ils ont probablement joué un rôle clé dans la conclusion d’un accord sur l’aviation qui accordait aux compagnies aériennes basées au Qatar des droits d’atterrissage sur la plupart des destinations de l’UE. En échange de l’accès de Qatar Airways à un marché de 450 millions de personnes, les compagnies aériennes de l’UE ont obtenu l’accès à un marché de moins de trois millions de personnes. Les Qataris étaient sans aucun doute ravis de cet accord.
Et pourtant, l’UE s’attend à ce que nous croyions que Hololei n’a joué aucun rôle dans la négociation de cet accord. Une grande partie de la défense de l’UE repose sur l’affirmation selon laquelle ses vols vers le Qatar étaient « autorisés » en vertu de ses règles. Pourtant, comme le rapporte Politico , l’homme qui a « autorisé » les vols gratuits de Hololei vers le Qatar n’était autre que Hololei lui-même. Comme l’a délicatement expliqué un porte-parole de la Commission européenne, « l’invitation et le contexte dans lequel le directeur général s’est déplacé lui ont fourni les éléments pour apprécier » s’il y avait conflit d’intérêts. Surprise, surprise, l’évaluation du directeur général, à savoir Hololei, était que les vols « ne constituaient pas un conflit d’intérêts ». Il semble avoir noté ses propres devoirs.
Lorsque le Qatargate a frappé l’UE l’année dernière, la Commission a adopté une attitude plus sainte que toi. Il a insisté sur le fait que l’UE a des règles strictes sur les membres du personnel rencontrant des lobbyistes et sur les conflits d’intérêts potentiels. Mais ces dernières révélations suggèrent le contraire. Si les hauts fonctionnaires supervisent et approuvent leurs propres affaires de conflit d’intérêts, il est clair que les institutions de l’UE n’ont pas la capacité de se contrôler efficacement.
La grande ironie est que les eurocrates se vantent toujours de leur attachement à « l’État de droit ». Ils utilisent l’État de droit comme une arme pour discipliner les opposants dont les opinions ne correspondent pas aux leurs. Pourtant, lorsqu’il s’agit des affaires propres de l’UE, la Commission renonce rapidement à l’État de droit au profit de l’élaboration des règles au fur et à mesure.
C’est le paradoxe derrière les scandales de corruption apparemment interminables qui sévissent dans l’UE. La bureaucratie de l’UE est célèbre pour son obsession de l’élaboration de règles. Elle cherche continuellement à réguler toutes les dimensions de la vie sociale. Sa philosophie pourrait se résumer par le slogan « Si ça bouge, régulez-le ». Cependant, il n’est absolument pas disposé à soumettre ses propres pratiques et comportements à une telle réglementation. La persistance de ce double standard est le vrai scandale dans l’UE.
Frank Furedi est le directeur exécutif du groupe de réflexion MCC-Bruxelles.
Tags : Qatargate, European Parliament, corruption, bribery, Luca Visentini, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,
Panzeri the repentant was, according to his own confession, generous with the money of his Moroccan friends: one of them would have offered him, in 2015, a stay with Marie Arena at La Mamounia, a mythical palace in Marrakech.
By Joel Matriche and Louis Colart
It was a bad day: by springing on Antonio Panzeri and Francesco Giorgi on 9 December last, the agents of the Belgian federal judicial police not only thwarted an operation of interference such as the European Parliament had never known, they also destroyed in the former MEP and his collaborator any hope of a Christmas on the balcony. “Atmoun was looking for a hotel for us in Marrakech, it’s a very well-known hotel,” Giorgi confessed to investigators just days after his arrest. Then: “I can confirm that everything was taken care of either by Atmoun or by someone from Morocco. Everything was offered. »
This stay by invitation in December 2022 at La Mamounia – one of the most renowned five-star hotels in North Africa – would not have been a first for Panzeri: in 2017 or 2018, he recalled a few weeks in front of the police who auditioned him, it was in the company of Mr. Giorgi and his partner, the Greek MEP Eva Kaili, that he rested there for a week. At the expense of the Moroccan government or, at the very least, of one of its representatives: Abderrahim Atmoun, ambassador of the Cherifian kingdom in Poland and alleged corrupter of several members of the European Parliament. “These trips were totally (excluding extras) organized and paid for by Mr. Atmoun,” said Antonio Panzeri during his interrogation. “He texted us the flight numbers. We had nothing to do.
Stay for two in a palace
But long before that, it was Marie Arena who was entitled to a guided tour of the Marrakech palace in the company of her colleague Antonio Panzeri: “In 2015, there was a trip with Marie Arena. She accompanied me for two or three days to La Mamounia, where we met the Sahrawi community. “I think Marie Arena thinks it was me who invited her but, in reality, everything was taken care of by Atmoun”, further specifies the former Italian MEP in this report of the hearing that were able to consult Le Soir and La Repubblica. He does not specify at this time whether his friend paid the bill with his own funds or with those of the Moroccan state.
However, it appears from diplomatic cables quoted by Le Soir in mid-January that in 2011, Rabat had identified the European parliamentarian as a key man who could « be a strong ally or a formidable adversary », a political interlocutor who was better to have as a friend than as an enemy. Two years later, in another confidential note summarizing the actions to be carried out in order to promote the « interests of Morocco within the European Parliament in 2013 », Panzeri was described as a « friend of Morocco ».
Asked by Le Soir about this Moroccan excursion in 2015, Marie Arena did not respond. In her previous explanations, she had not hidden « a professional friendship » forged with the neo-repentant during the previous European legislature. Friendship which therefore grows today from this trip offered – perhaps unwittingly – by a Moroccan official.
“The money and the trips were not taken care of by Atmoun but by a Moroccan agency”, continues Antonio Panzeri a little further in his hearing, without however specifying which trips and to which period he refers. “I discovered it because my hotel key was in a pocket with the name of the reservation. It was the DGED. That’s when I understood. » DGED, four initials for General Directorate of Studies and Documentation, the Moroccan external secret services. According to a declassified note from State Security submitted to the judicial investigation, Abderrahim Atmoun received his orders in this interference operation from a secret agent of the DGED, a certain Mohamed B. A well-prepared meeting.
Invited on January 17 on the RTBF set, just after the signing of the repentance memorandum, one of Panzeri’s lawyers spoke out: « One of the reasons why Mr. Panzeri wanted to speak, it’s because he knows he betrayed some people’s trust and Marie Arena is one of them. (…) He believes that he is a very righteous person, who should not have been accused as is the case here. He will quote her name to say that she has absolutely nothing to do and that he would never have dared to offer her anything, ”promised Me Laurent Kennes.
In audition, Antonio Panzeri kept this promise. On several occasions, as for this 2015 stay in Marrakech, he cleared the former minister-president of the French Community. « I want to clarify that it has nothing to do with these stories, » he says, for example, referring to the hidden deal with Qatar.
However, investigators keep coming across the identity of the Montoise. The attitude of the resigning president of the human rights sub-committee around the hearing of the Minister of Labor of Qatar, Dr Ali bin Samikh Al Marri on November 14, 2022, is the perfect illustration of this. During one of his interrogations, Francesco Giorgi claimed to have met, in the company of Mr. Panzeri, a Qatari delegation on October 10, 2022 at the Wiltcher’s hotel in order to « prepare the minister for this scheduled hearing in Parliament ». Seized by investigators, video surveillance images attest to this meeting.
Taking advantage of his visit to Brussels, Minister Al Marri discussed the next day, October 11, with official representatives of the EU: one of the vice-presidents of the Commission, a German MEP as well as Marie Arena, president of the sub-committee human rights. Two weeks later, to follow up on this meeting with her Qatari interlocutor, Ms. Arena officially invites her to take part in the meeting which will be organized on November 14 in Parliament in order, in particular, to discuss the rights of foreign workers in Qatar. Logical question: where did the idea come from to audition the Minister of Labor of Qatar on 14 November in Parliament? How could Dr. Al Marri be « prepared » on October 10 for a debate to which he was not yet formally invited? Also to this question.
What still appears, in the light of telephone tapping carried out on Antonio Panzeri’s device, is that Marie Arena was not unaware that there was contact between the Qatari and his friend Antonio. On November 14, shortly after the end of this famous session in the human rights subcommittee, Marie Arena called the Italian. In this telephone interception which Le Soir has already reported, the second compliments the first for her intervention and announces to her that the minister (Mr. Al-Marri) is just as satisfied. La Montoise does not seem surprised by this connection between her friend and the Qatari authorities. To this curious telephone exchange, Ms. Arena did not wish to provide further details.
While it does not appear in the hearings and testimonies to which Le Soir had access that the socialist could, unlike some of her colleagues, have been remunerated by her friend Antonio Panzeri or by a foreign intermediary, her promiscuity with the ex-elected Milanese make her more than ever appear as the one who was in the wrong place at the wrong time with the wrong person.
“I found him a lawyer” By Louis Colart and Joël Matriche On December 9, 2022, when federal agents invaded apartments and offices in Brussels in order to carry out around fifteen searches and a handful of arrests, there was panic. Unable to reach her companion Francesco Giorgi, the Vice-President of the European Parliament, Eva Kaili, first tried her luck with Antonio Panzeri. Who does not pick up more since he, too, was brought in for questioning. « I then tried to join Marc Tarabella, then Marie Arena », says Ms. Kaili again during one of her auditions. “They told me they didn’t know why Panzeri wasn’t responding. »
At the beginning of the afternoon, everyone knows that the trade unionist Luca Visentini, Francesco Giorgi, Niccolo Figa-Talamanca and Antonio Panzeri were arrested, in the light of the revelations of Le Soir and Knack. The fate of the latter worries M., one of his former assistants, as much as Marie Arena.
– “Did you look for me? asks, picking up, the Belgian MEP to her interlocutor.
– “Yes, I looked for you to say that in my opinion, he has been arrested. So you have to find him a lawyer. »
– « I have already sent, I have already sent. It’s already done. –
“Ah… OK”, reassures Mr.
It is therefore, according to the content of this police listening, Marie Arena who urgently appointed a lawyer to represent her friend Antonio Panzeri. Was it already Mes Kennes and Uyttendaele? Contacted by Le Soir, neither the MEP nor the lawyers wanted to provide any details.
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Luca Visentini, charged with corruption, was dismissed this weekend from his post as general secretary of the International Trade Union Confederation. He admitted having received nearly 50,000 euros in cash from the hands of Antonio Panzeri. The internal and external investigations in the trade union organizations he led are cruel for the Italian.
Luca Visentini at the head of the global trade union dome, end clap. The general council of the International Trade Union Confederation (ITUC) has « decided that Luca Visentini no longer has his confidence as general secretary », she said in a statement on Saturday. An “extraordinary world congress” will be organized “as soon as possible in order to elect a new secretary general”, specifies the text. This « vote of confidence » about the Italian trade unionist, following his indictment for corruption at the beginning of December, turned into a severe disavowal: out of 70 voters, 57 voted against Luca Visentini, 12 for and one abstention.
The name of Luca Visentini (54) appeared on December 9 in this “Qatargate”. During the police operation that led to the arrest of Antonio Panzeri and others, Mr. Visentini was deprived of two nights of freedom, before being released on a double charge for corruption and money laundering, awarded by the judge of instruction Claise. Charges he disputes.
The investigators had proof – in particular thanks to microphones placed by State Security in the Schaerbeek apartment of Mr. Panzeri – of at least one handover of cash. In a hearing, Luca Visentini admitted having received less than 50,000 euros in cash from the prodigal hands of the founder of the non-profit association Fight Impunity, to finance his electoral campaign.
Former boss of the European Trade Union Confederation (ETUC), Luca Visentini was indeed seeking the post of general secretary of the world organization, the ITUC. A dome that represents some 200 million workers worldwide. He will actually be elected to this position at a congress in Melbourne (Australia) on November 22, 2022. No time to savor this success: less than 20 days later, he was arrested by Belgian investigators.
System failures His eviction this Saturday follows various reports from the ETUC and the ITUC, in particular an external audit of the European body, concluded on February 10, and that of the ITUC’s special commission of inquiry, delivered in early March. These two reports, which Le Soir obtained, are damning for Luca Visentini and point to systemic failures (in particular for the management of cash financing) on the part of the two organizations.
The investigations found the trace of 43,000 euros, distributed as follows: 10,000 euros deposited on September 21, 2022 with the CES (100 banknotes of 100 euros), presented as funds provided by the Italian union of Mr. Visentini – which is will turn out to be a lie. On November 10, the former secretary general added 3,000 euros in denominations of 20. On the side of the CSI, Luca Visentini entrusted 23,000 euros in cash to the number 2 of the organization, Owen Tudor, and to a treasurer. There remained 7,000 euros given by the former MEP – according to the confessions of MM. Panzeri and Visentini themselves – who had not “yet” been charged to election expenses at the time of the legal operation.
The European Confederation notes in its report that the first payment of 10,000 euros took place before the cash transfer picked up by the microphones of State Security. Suggesting at least one more cash back. « It is simply unthinkable that a public figure, who moreover appears as an exposed figure in the European trade union movement, should receive substantial sums of money without a second thought », are indignant the rapporteurs of the external investigation. for the ETUC. The same criticize the Italian’s desire to continue to receive a salary from the ETUC at the end of 2022 when he had just obtained the supreme position at the level of the CSI. Not to mention that Luca Visentini “regularly used his position of power to achieve particularly high-end and expensive overnight stays as well as visits to exceptionally luxurious restaurants”. The listeners underline how Luca Visentini has “considerably damaged” the image of the European trade union movement.
Made shortly before the eviction of this weekend, the report of the CSI is just as severe with Mr. Visentini. Without forgetting to castigate the organization itself, for having accepted with closed eyes so much cash coming, supposedly, from an NGO. On the other hand, the CSI report did not see any “pro-Qatar” or “pro-Morocco” effect following these cash deposits. The report also does not address the new accusations by the repentant Panzeri, recently revealed by Le Soir, Knack and La Repubblica, according to which 50,000 euros had been made available to the former Italian candidate for the post of general secretary of the CSI, Susanna Camusso. It was in 2018, still from Qatar, according to the « repentant » Panzeri. Ms. Camusso has sharply refuted any receipt of occult funds for her lost campaign against Sharan Burrow.
