Escándalo Pegasus: « Con una coalición de ONGs sería posible detener este espionaje

El escándalo de los gobiernos que intervienen los teléfonos inteligentes con el software Pegasus se ha hecho mundial. El caso ha puesto de manifiesto una deriva que socava los principios en los que se basan los derechos humanos, según el abogado François Cantier, fundador y presidente de honor de Avocats sans frontières France. Este defensor de los derechos humanos cree que es posible y necesario actuar. Entrevista.

François Cantier: Creo que estamos un poco abrumados por las agresiones de las que somos víctimas directas. Me refiero a la disminución de las libertades, como en Rusia, donde el gobierno califica a ciertas ONG como « agentes de extranjeros », por ejemplo. Pero más allá de eso, pienso en todos los ataques a los defensores de los derechos humanos.

No hemos sido capaces de movilizarnos lo suficiente -y a tiempo- en esta cuestión de la vigilancia digital, que no es nueva, pero que la última encuesta revela su alcance. Hay procedimientos que se iniciaron contra NSO Group a finales de 2020 y otros muy recientes, pero nos enfrentamos a un día a día tan difícil, con el auge de las dictaduras, de las democracias antiliberales, que no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos.

En los últimos diez años, más o menos, hemos asistido a un retroceso de estos derechos fundamentales, con repetidos ataques.

También creo que hay un problema de concienciación. Seguimos viviendo -y me sitúo en este « nosotros »- bajo la influencia de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los avances que se han producido en este ámbito, especialmente en Europa, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nos dejamos llevar por este progreso, convencidos de que iba en la dirección de la historia y de que las cosas negativas que ocurrían aquí y allá no eran más que contratiempos o errores. Yo -y muchos otros- pensaba que este movimiento hacia el reconocimiento y el respeto de los derechos fundamentales era algo adquirido, con sólo altibajos.

Y ahora nos damos cuenta de que eso no es cierto, de que esa no es la realidad. Desde hace unos diez años asistimos a un retroceso de estos derechos fundamentales, con repetidos ataques. Y nos cuesta reaccionar.

François Cantier: Hasta ahora, hay que decir que no ha habido un gran grupo de personas vinculadas a los derechos fundamentales. Entre los que no se preocupan por ellos, los que son hostiles a ellos y los que prefieren hacer negocio, no hay suficiente para llenar un estadio de defensores de estos derechos, en mi opinión. Los ciudadanos no están muy interesados en esto y los Estados juegan la carta del corto plazo, con alianzas estratégicas y la balanza de pagos. Todo esto viene antes que cualquier otra cosa, y esto no es nuevo.

No hay justicia internacional que pueda ocuparse de un caso como el de Pegasus.

Cuando se observan los discursos y programas de los partidos políticos de los países democráticos, rara vez utilizan el término derechos humanos o derechos fundamentales. Uno de mis amigos me dijo: « Tienes la impresión de que hoy los derechos humanos son una cuestión de derechos humanos, una cuestión pequeñoburguesa que no tiene nada más que hacer ».

El Presidente Sarkozy también había hablado de « derechos humanos ». Pero lo más terrible es que estas palabras -que pierden su significado por estar tan olvidadas, tan castigadas- son palabras que entran en la cabeza y en el corazón de todos los que sufren en el planeta. No hay más que ver lo que hablan hoy los habitantes de Bielorrusia y Birmania. Hablan de sus derechos fundamentales. Pero en los tiempos que corren, este es un discurso de segunda categoría que no interesa a nadie. Tal vez porque en nuestro país son derechos adquiridos y ya no le vemos sentido a hablar de ellos.

François Cantier: El gran problema de los abogados es encajar nuestro enfoque en un molde legal. Estos moldes legales existen a nivel nacional, pero no existen a nivel internacional, o muy poco. Existe la Corte Penal Internacional (CPI), pero se ocupa del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. No hay justicia internacional que pueda ocuparse de un caso como el de Pegasus. Afortunadamente, en Europa -pero también en otras partes del mundo- existen tribunales regionales, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.

Pero, ¿es posible presentar una denuncia en el caso Pegasus ante estos organismos? No es un delito como tal. Así que tenemos que acudir a un órgano judicial con argumentos de hecho y de derecho para exigir que se castigue al autor de tales actos.

Aquí es donde nos encontramos con grandes dificultades, excepto a nivel nacional, como en Francia, donde tenemos varios artículos del código penal, el 226-1 sobre la privacidad, el 323-1 sobre la fabricación de equipos que permiten estas escuchas y la captura de datos, que castigan estos procedimientos. En el plano estrictamente francés, tenemos las herramientas. Por lo tanto, es concebible una denuncia contra NSO Group en la medida en que las víctimas son francesas.

El Consejo de Seguridad de la ONU podría tomar una decisión que prohibiera a los Estados -de forma temporal- fabricar, poner a la venta y utilizar este tipo de equipos de espionaje.

Pero trato de imaginar un enfoque
lo más amplio posible, en el que se presione a los Estados en los organismos que los agrupan. Las Naciones Unidas, por supuesto, y los organismos regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también las iniciativas de la sociedad civil. Todo ello daría lugar a reclamaciones ante los tribunales nacionales o, posiblemente, regionales, cuando sea posible.

Pero esto presupone que los hechos se conocen con exactitud y que se hace un inventario de los crímenes y delitos que se han cometido mediante el uso de Pegasus. Ya sea directa o indirectamente, sobre todo como cómplice. Es el caso del asunto Amesys, con la entrega de equipos que se sabía que se utilizaban para cometer delitos. Crímenes que pueden ser detenciones arbitrarias, atentados contra la vida, asesinatos.

François Cantier: El Consejo de Seguridad, que es el órgano operativo de las Naciones Unidas, podría tomar una decisión que prohibiera a los Estados -de forma temporal- fabricar, poner a la venta y utilizar este tipo de equipos. A pesar de la posibilidad de veto que países como China o Rusia podrían utilizar para impedir tal decisión, ésta es una posible vía. Aunque son las empresas privadas las que fabrican estas herramientas de espionaje, son los Estados los que emiten las autorizaciones, sobre todo para la exportación. Por ello, el Consejo de Seguridad podría considerar que la venta de programas informáticos como Pegasus puede atentar contra los derechos fundamentales y la paz mundial.

Con una coalición de ONG, la presión sobre los Estados podría detener el uso de armas de vigilancia digital como Pegasus.

Una segunda solución sería un tratado de no proliferación, con un control similar al del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). Estas son dos formas que creo que son posibles. Pero hay una tercera vía, la de una coalición de ONG a nivel internacional. Ya he formado parte de una coalición de este tipo, la Coalición de ONG para la Corte Penal Internacional.

Hicimos un trabajo concreto en la redacción del Tratado de Roma que condujo a la creación de la CPI. Gracias a la presencia masiva de la sociedad civil de nuestro lado, pudimos lograr lo que considero un progreso para la humanidad. Con una coalición de ONG, la presión sobre los Estados podría detener el uso de armas de vigilancia digital como Pegasus.

Pegasus es un software espía que permite tomar el control de los smartphones iOS (Apple) y Android (Alphabet-Google). Pegasus puede acceder a archivos, mensajes, fotos y contraseñas, escuchar llamadas y activar la grabación de audio, la cámara o el seguimiento de la geolocalización. No requiere ninguna acción por parte del usuario, un simple mensaje de texto enviado por el atacante al dispositivo es suficiente para su instalación, que permanece invisible para el usuario.

Este programa espía fue comercializado en 2013 por la empresa israelí NSO Group, pero los primeros rastros de sus intrusiones no se descubrieron hasta 2016. Oficialmente, Pegasus sólo se vende a organizaciones estatales para la vigilancia de sospechosos de terrorismo u otros delitos graves. En la práctica, según una ONG como Amnistía Internacional, también la utilizan los regímenes autoritarios para vigilar a periodistas, opositores políticos y activistas de derechos humanos.

TV5 Monde, 10/08/2021